Steve Gallardo, supervisor del Distrito 5 del Condado de Maricopa, junto a la líder social Mary Rose Wilcox y más líderes sociales salieron en defensa de los dreamers. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Líderes comunitarios, defensores de los derechos civiles y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) se congregaron para condenar las recientes declaraciones del presidente del Senado estatal, Warren Petersen, quien prometió que, de ser electo fiscal general, colaborará con el gobierno federal para deportar a los más de 18,000 dreamers que residen en el estado.
La conferencia de prensa, encabezada por el supervisor del Distrito 5 del Condado de Maricopa, Steve Gallardo; la legendaria líder social y exfuncionaria Mary Rose Wilcox; el abogado de inmigración y beneficiario de DACA, Salvador Macías; y Mónica Sandschafer, de la organización Mi Familia en Acción, denunció lo que calificaron como un intento de “usar a los estudiantes y trabajadores de DACA como peones políticos” y advirtieron que la comunidad hispana se hará escuchar en las urnas en noviembre.
“La retórica antiinmigrante vuelve a encender el debate político en Arizona, pero esta comunidad no se va a quedar callada”, declaró Gallardo, quien recordó que el condado de Maricopa es hogar de la mayor concentración de dreamers del estado. “Estamos aquí para decirle a Warren Petersen y a todos los que quieran seguir criminalizando a nuestros jóvenes que su voz se escuchará fuerte y claro en noviembre. La comunidad hispana ya es parte fundamental de la historia y de la economía de Arizona, y no vamos a permitir que nos usen como chivo expiatorio”, añadió el supervisor, cuyo distrito abarca gran parte del oeste y el sur de Phoenix.
Te puede interesar:
Gallardo añadió que en Petersen, quiere ser fiscal general de Arizona y en lugar de hacer propuestas sobre como combatir la inseguridad y a los cárteles, se enfoca en los más vulnerables con tal de satisfacer a la base MAGA, la más radical de su partido.
Mary Rose Wilcox, la primera latina en servir en la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa y sobreviviente de un intento de asesinato por su defensa de los derechos de los inmigrantes, tomó la palabra para trazar un paralelismo con las luchas del pasado.
“Yo estuve aquí durante la SB1070, yo vi cómo Joe Arpaio perseguía a nuestra gente por el color de su piel. Hoy, lo que está haciendo Petersen es exactamente lo mismo, pero con un traje más caro. No nos van a intimidar”, afirmó Wilcox, quien recordó que el 85 por ciento de los estadounidenses apoya que los dreamers tengan un camino hacia la ciudadanía, según una encuesta de Gallup de 2025.
El abogado Salvador Macías, quien es él mismo beneficiario de DACA, respondió directamente a los ataques de Petersen con un mensaje que combinó orgullo y firmeza.
“Como beneficiario de DACA, demuestro con mi propia trayectoria que los dreamers construimos y sumamos al crecimiento de este país. Rechazo por completo que se nos califique como criminales; esa es una estrategia que busca criminalizar a una comunidad trabajadora”, dijo Macías.
Cuando se le preguntó qué opinaba del hecho de que Petersen esté casado con una mujer mexicana (Denise Petersen, originaria de Bácum, Sonora), Macías respondió:
“Feliz por él. Esto debería ser una razón por la que trabajemos juntos en vez de seguirnos dividiendo”.
Mónica Sandschafer, de la organización Mi Familia en Acción, subrayó que el momento político exige una respuesta contundente.
“Debemos reconocer la labor de la Fiscal General Kris Mayes en defensa de todos los arizonenses, entre ellos los dreamers que son parte fundamental de nuestra sociedad y economía, son nuestros policías, bomberos, doctores, enfermeros y hasta abogados”, afirmó.
Petersen se retracta
Las declaraciones que desataron la polémica fueron publicadas por Petersen en la red social X el pasado 17 de junio, cuando el candidato republicano, avalado por Donald Trump, respondió a un video de la fiscal general Kris Mayes, quien busca la reelección ,con un mensaje que los dreamers interpretaron como una amenaza directa.
“Aquí va un consejo legal gratuito para nuestra fiscal general en funciones: DACA no aparece en ningún lugar de la Constitución”, escribió Petersen
Añadió: “Mantendré nuestra frontera segura y trabajaré con el gobierno federal para deportar a todos los que ingresen ilegalmente a este país. Damos la bienvenida a quienes vienen legalmente y respetan la ley. Pero prepárate para ser deportado o procesado si no lo haces”.
Aunque Petersen intentó matizar sus palabras al día siguiente en una entrevista radiofónica: “Fue a mí a quien tergiversaron; yo solo dije que DACA no está en la Constitución”, afirmó en una radiodifusora.
Incluso republicanos y conservadores como el abogado Patricio Smith mostraron su decepción ante la acción de Petersen al asegurar que una de sus nueras es beneficiaria de DACA y llamó a Rodney Glassman, contrincante de Petersen en las primarias, para ofrecerle su apoyo.
Glassman criticó al favorito en la contienda, Warren Petersen, al afirmar que sus publicaciones buscan “complacer a personas que no entienden cómo funciona el gobierno federal”.
Señaló que, bajo las leyes actuales, el fiscal general de Arizona no tiene autoridad para procesar a personas por estar en el país de manera ilegal y aseguró que cualquier candidato que diga lo contrario desconoce la ley.
El exfiscal y teniente coronel de la Reserva del Cuerpo Jurídico de la Fuerza Aérea dijo que, de ser elegido fiscal general, se enfocaría en que las personas detenidas con causa probable sean cuestionadas sobre su estatus migratorio y puestas a disposición de agentes federales.
La votación anticipada para las elecciones primarias inició este 24 de junio.
Pero la supuesta aclaración de Petersen, no convence a los líderes sociales.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
“Lo que dijo es lo que piensa. Y lo que piensa es una amenaza para 18,450 jóvenes que estudian, trabajan y pagan impuestos en este estado”, sentenció Steve Gallardo.
La contienda por la fiscalía general, una de las más vigiladas del ciclo electoral, se perfila como un choque frontal entre dos visiones de Arizona: la de quienes quieren deportar a los dreamers y la de quienes los consideran parte irrenunciable del tejido social y económico del estado.
