La votación primaria anticipada inició éste miércoles, con las boletas llegando a los domicilios de los electores y concluirá el martes 21 de julio. CORTESIA: Maricopa Conty Elections / Facebook
La Corte de Apelaciones de Arizona bloqueó cualquier cambio en la administración electoral del condado de Maricopa, apenas unos días antes del inicio de la votación anticipada para las elecciones primarias del 21 de julio.
En una decisión de dos votos contra uno, el tribunal suspendió la orden del juez del Tribunal Superior, Scott Blaney, que había devuelto al registrador del condado, Justin Heap, varias funciones electorales que la Junta de Supervisores había retirado a su antecesor, Stephen Richer.
La presidenta de la Junta de Supervisores, Kate Brophy McGee, celebró la decisión y afirmó que se trata de una “victoria para los votantes”, ya que evita cambios de última hora que podrían generar confusión y permite que los trabajadores electorales continúen utilizando procedimientos ya establecidos.
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La votación anticipada comenzó al cierre de esta edición y en las primarias se definirán candidaturas para la gubernatura, la fiscalía general, el Congreso y la propia registraduría del condado.
El principio de Purcell y la decisión de la Corte de Apelaciones de Arizona
El panel de apelaciones, integrado por los jueces Andrew M. Jacobs, James B. Morse Jr. y Brian Y. Furuya, invocó el llamado principio de Purcell, una doctrina jurídica que desaconseja modificar las reglas electorales cuando los comicios están próximos.
El tribunal concluyó que la disputa no era un simple desacuerdo administrativo, sino un conflicto con posibles consecuencias reales para una elección que está a punto de celebrarse.
La batalla entre Heap y la Junta de Supervisores se remonta al año pasado, cuando el registrador demandó al organismo alegando que, antes de asumir el cargo, la junta había transferido varias de las funciones tradicionales de la registraduría mediante un acuerdo con Richer.
Este último se convirtió en una figura polémica entre sectores del movimiento trumpista por defender la integridad de las elecciones de 2020, en las que Joe Biden ganó Arizona.
En abril, el juez Blaney dio la razón a Heap y ordenó restituir esas competencias, pero la Junta de Supervisores apeló inmediatamente la decisión y posteriormente, Heap pidió que la junta fuera declarada en desacato por no cumplir la sentencia, aunque el magistrado instó a ambas partes a buscar una solución mediante mediación.
La disputa también ha estado marcada por la participación de America First Legal, organización fundada por el asesor presidencial Stephen Miller y aliada de Heap en el litigio.
La semana pasada, la fiscal del condado, Rachel Mitchell, acusó a la organización de intentar ejercer autoridad sobre el voto anticipado, ordenar a funcionarios electorales ignorar las directrices de la fiscalía y amenazar con procesar a quienes utilizaran buzones de votación, todo ello sin respaldo legal.
Polémica e incidentes de seguridad en el condado de Maricopa
La tensión aumentó aún más el 12 de marzo, cuando cámaras de seguridad captaron a dos empleados de la oficina del registrador retirando un escáner de pretabulación del Centro de Elecciones y Tabulación de Maricopa mientras se procesaban los resultados de una elección local en Tempe.
El equipo, valorado en 70 mil dólares, fue transportado en un vehículo privado y devuelto menos de una hora después. Debido a la ruptura de la cadena de custodia, la máquina tuvo que ser reemplazada con recursos públicos y un fiscal especial investiga si hubo actividad delictiva.
Además, la vicepresidenta de la junta, Debbie Lesko, afirmó que uno de los empleados también fue visto trasladando sobres que parecían contener boletas provisionales desde un área segura, aunque posteriormente se confirmó que todas las papeletas estaban contabilizadas.
Para los supervisores, el incidente plantea serias preguntas sobre la integridad electoral y el manejo del equipo y materiales electorales.
Por ahora, la decisión de la Corte de Apelaciones mantiene el status quo y evita cambios en la administración electoral de Maricopa, el condado donde reside cerca del 60 por ciento de los votantes de Arizona.
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Los jueces señaló además que la Junta de Supervisores tiene una alta probabilidad de prevalecer cuando el caso sea resuelto en el fondo y la prioridad inmediata, concluyeron, es garantizar que los 2.6 millones de electores del condado puedan acudir a las urnas bajo un sistema estable y sin disputas administrativas de último momento.
