Tres miembros de una familia admitieron haber creado negocios falsos para desviar millones en préstamos federales de emergencia durante el Covid-19. Foto:
Una familia originaria de Phoenix se enfrenta a décadas de prisión federal tras declararse culpable de orquestar un esquema de fraude masivo que les permitió embolsarse casi $2.2 millones de dólares en préstamos financiados por los contribuyentes, destinados originalmente al alivio por la pandemia de COVID-19.
Mohammed Maio, de 43 años, junto con sus padres, Souzan El-Sayed, de 66 años, y Abukar Maio, de 70, admitieron su culpabilidad ante un tribunal federal por los cargos de conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, así como conspiración para cometer lavado de dinero.
Negocios “fantasma” y enriquecimiento ilícito
De acuerdo con los fiscales federales, entre mayo de 2020 y marzo de 2024, la familia conspiró para obtener de manera fraudulenta múltiples préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y préstamos para Agravio Económico por Desastre (EIDL).
El trío presentó información falsa en las solicitudes federales para asegurar millones de dólares para supuestos negocios que, en realidad, no contaban con ningún empleado. En lugar de utilizar los fondos para mantener a flote empresas legítimas durante la pandemia, la familia desvió el dinero para su enriquecimiento personal, incluyendo la compra de múltiples propiedades inmobiliarias en el área.
Compras ilegales de armas
La red delictiva de la familia se extendió más allá del fraude financiero. Documentos judiciales revelan que Mohammed Maio, quien ya es un delincuente convicto y tiene prohibido por ley poseer armas, utilizó a su madre para realizar una “compra testaferro” (straw purchase) ilegal en mayo de 2021.
Maio admitió haber ordenado a Souzan El-Sayed que declarara falsamente en los formularios federales de verificación de antecedentes que el arma de fuego era para su uso personal. Sin embargo, la compra estaba destinada para su hijo convicto, quien posteriormente tomó posesión ilegal del arma. Por este hecho, Maio también se declaró culpable de posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente y de ayudar a otra persona a hacer una declaración materialmente falsa para comprar un arma de fuego.
Las condenas que enfrentan
Los tres familiares enfrentan fuertes sentencias en una prisión federal, además de multas millonarias. Las condenas por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico conllevan una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares; mientras que el lavado de dinero se castiga con hasta 20 años tras las rejas. Adicionalmente, Mohammed Maio enfrenta hasta 15 años extra por los delitos relacionados con las armas.
Las sentencias se llevarán a cabo este otoño ante el juez federal de distrito Michael T. Liburdi. Mohammed Maio conocerá su condena el 28 de septiembre de 2026, mientras que sus padres se presentarán ante el juez el 5 de octubre de 2026.
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La investigación de este caso fue liderada por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Estos esfuerzos forman parte del trabajo de la recién creada División Nacional de Control de Fraudes del Departamento de Justicia, la cual apoya al Grupo de Trabajo del presidente Trump para Eliminar el Fraude, presidido por el vicepresidente J.D. Vance.
