Donald Trump firma dos órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento, desafiando el fallo de la Corte Suprema que en junio declaró inconstitucional su intento previo de eliminar este derecho constitucional. CORTESIA: The White House / Facebook
El presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas que buscan limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la Decimocuarta Enmienda desde 1868 y prohibir el denominado “turismo de parto”, en un nuevo desafío a la Corte Suprema que el 30 de junio, por 6-3, rechazó su orden ejecutiva anterior que negaba la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.
El presidente, al firmar los decretos, calificó el fallo como “una decisión muy desafortunada y muy injusta” y afirmó que su administración está “haciendo ajustes” para combatir lo que considera un abuso del sistema migratorio.
La primera orden, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, amplía las categorías de personas cuyos hijos no serían elegibles para la ciudadanía automática al nacer.
Según explicó Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca, la orden aplica a hijos de “enemigos extranjeros de Estados Unidos, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y grandes categorías de personas que cabildean y actúan en nombre de gobiernos extranjeros”.
También incluye a hijos de empleados de gobiernos extranjeros y a quienes hayan intentado obtener ciudadanía mediante fraude.
La segunda orden prohíbe el “turismo de parto”, la práctica de viajar a Estados Unidos con una visa temporal con el propósito principal de dar a luz para que el hijo adquiera la ciudadanía.
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La orden instruye a los oficiales consulares a negar visas a quienes, según Miller, tienen ese propósito.
Trump afirmó que “cientos de miles de bebés han nacido a través del turismo de parto”, aunque el Migration Policy Institute estima que la cifra anual oscila entre 22,000 y 26,000, y el Center for Immigration Studies calculó entre 20,000 y 25,000 en 2016-2017.
El 30 de junio, la Corte Suprema invalidó la orden ejecutiva de Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y con estatus temporal.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió para la mayoría que “la ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”.
La Corte sostuvo que las palabras utilizadas en la orden de Trump (“madre”, “padre”, “legal”, “temporal”) no existen en la Decimocuarta Enmienda “por una razón simple: no importaban”.
¿Qué significa para Puerto Rico y otros territorios?
La orden ejecutiva también aborda los territorios estadounidenses, pues la ciudadanía por nacimiento para personas nacidas en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte está codificada por estatuto federal.
La orden sugiere que la ciudadanía en esos territorios dependería de un estatuto federal, no de la Constitución.
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No obstante, la orden no puede eliminar unilateralmente la ciudadanía en los territorios; para ello se necesitaría una ley del Congreso.
La representante Stacey Plaskett, de las Islas Vírgenes, emitió un comunicado en el que reafirma que la ciudadanía por nacimiento en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte está protegida por estatutos federales.
El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó las órdenes como “ilegales” y afirmó que “si naces en Estados Unidos, eres estadounidense, punto. La Constitución lo dice y la Corte Suprema lo ha confirmado”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) condenó las órdenes y declaró que “ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución”.
Los críticos argumentan que las órdenes probablemente enfrentarán desafíos legales y que la administración está intentando evadir el fallo de la Corte Suprema.
El profesor Gabriel Chin, de la Facultad de Derecho de UC Davis, señaló que, si bien el presidente tiene cierto poder para restringir la entrada al país, “una vez que nace un niño en Estados Unidos, no creo que el presidente tenga ningún poder” para negarle la ciudadanía.
