Durante una conferencia de prensa, el activista Salvador Reza denunció las acciones de ICE y llamó a corporativos como Home Depot a proteger a sus clientes, en su mayoría hispanos. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Las calles de Arizona se han convertido en el epicentro de una crisis de identidad institucional: agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) operan con rostros cubiertos y sin identificación, acompañados por presuntos “caza recompensas” que imitan sus tácticas.
Todd Lyons, director interino de ICE, justifica el uso de máscaras como protección contra “doxing y amenazas de muerte”, declarando en Boston: “Lamento si ofende, pero no permitiré que mis agentes pongan sus vidas en peligro”.
Sin embargo, testigos en Tucson reportaron agentes disfrazados como trabajadores de servicios públicos, mientras congregaciones religiosas en Phoenix reforzaban cerraduras ante el temor.
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Salvador Reza, líder de Tonatierra, y Roberto Reveles, de Somos América, lanzaron una advertencia contundente a empresas como Home Depot durante una conferencia el miércoles: “El silencio sobre las redadas en sus estacionamientos es una declaración cómplice. Hay un viejo dicho: ‘El que calla otorga'”.
Reza relató su conversación con el director de Relaciones Gubernamentales de la empresa: “Me dijo que no podía declarar a ICE ‘no bienvenido’ porque su política es ‘no involucrarse en opiniones políticas'”.
Reza contraatacó: “Permitir que ICE entre no es amigable para clientes de piel morena que ahora temen ser perfilados”.
La presión incluye amenazas de boicot económico. “Home Depot puede sufrir pérdidas por el miedo de clientes a ser perfilados por extraños enmascarados”, advirtió Reza, contrastando su postura con la del Dodger Stadium, que prohibió redadas en sus instalaciones cercadas.
“Es hora de que las corporaciones defiendan a sus clientes o enfrenten consecuencias”, sentenciaron los manifestantes.
El teatro de las sombras
Recientemente, sujetos no identificados irrumpieron en Bubble Bath Carwash en Torrance, California. Emmanuel Karim, dueño del local, los confrontó: “¿Quiénes son? Parecen criminales, no autoridades”.
Bertha Guzmán, clienta que grabó los hechos, evitó una detención exigiendo identificación: “Llegaron sin placas, sin uniformes. Me dijeron que eran bounty hunters, pero no mostraron pruebas”.
Dos empleados fueron capturados en vehículos sin placas y el ICE no aclaró si coordinó con estos grupos, alimentando teorías sobre un vacío de rendición de cuentas.
Rumores virales también afirmaban que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, admitió ante el Congreso que republicanos votaron para emplear insurgentes del Capitolio en ICE.
Verificadores como Snopes confirmaron que es falso, aunque el origen del mito es revelador: el 30 de abril, republicanos en el Comité Judicial de la Cámara votaron 17-15 contra una enmienda que prohibía contratar participantes del 6 de enero en el Departamento de Seguridad Nacional.
David León, veterano de Vietnam, plasmó en una editorial del Arizona Daily Star la desconfianza pública: “Kristi Noem admitió que usan traidores del 6 de enero como personal del ICE”. Aunque inexacto, refleja una percepción arraigada: la opacidad nutre teorías peligrosas.
El doble rasero
Mientras el presidente Trump exige arrestar a manifestantes con máscaras (“¿Qué ocultan?”), sus agentes de ICE las usan en redadas. California respondió con el proyecto SB 627 (Ley Antipolicía Secreta), que obliga a agentes a mostrar rostros y credenciales. El senador Scott Wiener cuestionó: “¿Son agentes o milicias vigilantes?”.
Geoffrey Stone, profesor de Derecho en Chicago, señaló la ironía: “El mismo argumento de anonimato que usa ICE para agentes, aplica para manifestantes que temen represalias”.
Esta contradicción judicial subraya una crisis más profunda: en Arizona, donde el 44% de los detenidos por ICE no tienen antecedentes penales, la desconfianza hacia autoridades sin rostro redefine el concepto de seguridad 9[citation:9].
Para comunidades hispanas —32% de la población de Arizona—, el anonimato de ICE amplifica el miedo.
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La reverenda Verónica Álvarez resumió el sentimiento: “Antes esto era un santuario. Ahora, con las nuevas reglas, ya no existe protección”.
Mientras líderes como Reza y Reveles movilizan boicots contra corporaciones cómplices, la pregunta persiste: ¿Quién vigila a quienes deciden destinos tras una máscara? La respuesta podría definir si el estado de derecho sobrevive a la era de la opacidad institucional.
