Bajo los términos del acuerdo, Google Play deberá permitir que los desarrolladores de aplicaciones utilicen sistemas de pago alternativos al de Google Play durante al menos cinco años. CORTESIA: Magnific
La Fiscal general Kris Mayes y una coalición bipartidista de 52 estados y territorios aseguraron la aprobación judicial final de un acuerdo de 700 millones de dólares con Google, que pone fin a una demanda antimonopolio de cinco años en la que se acusaba a la compañía de utilizar su dominio sobre la distribución de aplicaciones para Android y los pagos dentro de las aplicaciones para inflar los precios a los consumidores y mantener un control ilegal sobre el ecosistema de la Play Store.
El acuerdo, aprobado esta semana por un tribunal federal, obliga a Google a realizar cambios significativos en sus prácticas comerciales durante los próximos cinco a siete años y establece un fondo de 700 millones de dólares para compensar a los consumidores que realizaron compras en Google Play entre agosto de 2016 y septiembre de 2023, según el anuncio oficial de la fiscal general de Arizona.
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La demanda fue presentada originalmente en 2021 por un grupo bipartidista de fiscales generales liderados por Utah, que incluía a Arizona y a otras 51 jurisdicciones, después de que una investigación revelara que Google había utilizado su posición dominante en el mercado de sistemas operativos móviles para imponer condiciones restrictivas a los desarrolladores de aplicaciones y cobrar comisiones de hasta el 30 por ciento por cada transacción.
Compensación para los consumidores
Bajo los términos del acuerdo, Google deberá permitir que los desarrolladores de aplicaciones utilicen sistemas de pago alternativos al de Google Play durante al menos cinco años y que informen a los clientes sobre precios más bajos disponibles fuera del sistema de facturación de la compañía.
Además, los desarrolladores podrán listar sus aplicaciones en tiendas competidoras sin temor a represalias, y los usuarios de Android podrán descargar aplicaciones desde fuera de la Play Store durante al menos siete años.
La mayoría de los consumidores elegibles para recibir una parte del fondo de 700 millones de dólares no necesitarán presentar una solicitud y recibirán sus pagos a través de PayPal o Venmo, según detalló la oficina de la fiscal general.
La fiscal general Kris Mayes declaró en un comunicado que: “Google utilizó su poder monopólico sobre el mercado de aplicaciones para aumentar los precios”.
Agregó que con este acuerdo “estamos diciendo alto y claro que no se tolerarán conductas anticompetitivas como esta”.
Mayes señaló que “un mercado competitivo y justo promueve precios más bajos, bienes y servicios de mayor calidad y más opciones para los consumidores”, y reafirmó el compromiso de su oficina de perseguir prácticas comerciales ilegales y desleales para proteger a los arizonenses.
Antecedentes de la demanda
La demanda contra Google, que fue presentada en 2021 por un grupo de fiscales generales de ambos partidos, alegaba que la compañía había utilizado acuerdos anticompetitivos y barreras técnicas para impedir que las tiendas de aplicaciones rivales compitieran en igualdad de condiciones en el sistema operativo Android, que domina aproximadamente el 70 por ciento del mercado mundial de teléfonos inteligentes.
Un jurado federal había determinado en 2023 que Google mantenía un monopolio ilegal en la distribución de aplicaciones para Android y en la facturación dentro de las aplicaciones.
El caso fue manejado para Arizona por el jefe de la Unidad Antimonopolio y Privacidad, Robert Bernheim, y la consejera legal principal de litigios, Jayme Weber, y se suma a una serie de acciones legales que los estados han emprendido contra grandes empresas tecnológicas por prácticas anticompetitivas.
En los últimos años, fiscales generales de todo el país han presentado demandas antimonopolio contra Google, Facebook, Amazon y Apple, en un esfuerzo coordinado por regular el poder de las grandes tecnológicas.
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El acuerdo, que recibió la aprobación final de un juez federal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, representa una de las mayores resoluciones antimonopolio obtenidas por un grupo de estados en la historia reciente.
