La Corte Suprema permite a Donald Trump continuar con la construcción del salón de baile en la Casa Blanca; aunque el presidente del tribunal, John Roberts, califica el proyecto como “probablemente ilegal”. CORTESIA: The White House
La Corte Suprema de Estados Unidos falló el lunes 31 de agosto, en una votación de 5-4, a favor de la administración del presidente Donald Trump, permitiendo que continúe la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en el lugar donde se encontraba el ala este de la Casa Blanca.
El presidente del tribunal, John Roberts, se unió a los tres magistrados liberales en una enérgica disidencia en la que calificó el proyecto como “probablemente ilegal” por no haber recibido la aprobación del Congreso, y advirtió que el fallo “no es una victoria para la separación de poderes”.
La mayoría conservadora, en una opinión no firmada, sostuvo que el grupo de preservación histórica que impugnó la construcción carecía de legitimación activa (standing) para presentar la demanda, al no haber demostrado un daño personal directo, y destacó que las preocupaciones de seguridad nacional justificaban permitir que las obras continuaran.
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El proyecto, que comenzó en octubre de 2025 cuando Trump ordenó la demolición del ala este de la Casa Blanca, ha sido uno de los emprendimientos más personales del mandatario durante su segundo mandato.
La estructura planeada, de aproximadamente 90,000 pies cuadrados (8,400 metros cuadrados), incluiría un salón de baile y un búnker militar subterráneo.
Inicialmente, Trump promovió el proyecto como un espacio más amplio para eventos ceremoniales como cenas de Estado, pero en las semanas previas al fallo, la administración enfatizó las necesidades de seguridad nacional, argumentando que la instalación incluiría características de última generación para proteger la Casa Blanca de ataques.
El litigio fue iniciado por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica (National Trust for Historic Preservation), que demandó a la administración por no haber obtenido la autorización del Congreso antes de proceder con la demolición y construcción.
Un tribunal de distrito y un panel de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. habían fallado a favor del grupo, ordenando detener la construcción.
Sin embargo, la Corte Suprema, al aceptar la apelación de emergencia de la administración, decidió que el fondo no había demostrado el tipo de daño requerido para tener legitimación activa.
En su disidencia, Roberts sostuvo que la mayoría del tribunal estaba “tergiversando” la jurisprudencia previa, ya que la Corte había reconocido previamente que los “intereses estéticos” pueden ser una base legítima para presentar una demanda.
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El fallo tiene implicaciones prácticas inmediatas: aunque el litigio continúa en instancias inferiores, los documentos judiciales indican que la estructura podría estar completada en su totalidad para agosto de 2028, lo que haría que cualquier orden judicial futura llegue demasiado tarde para revertir el proyecto.
La administración informó a la Corte que los trabajos, que se realizan 20 horas al día, ya están completados en un 65 por ciento, lo que hizo que la decisión de la Corte Suprema fuera un revés significativo para los opositores.
La Casa Blanca ha argumentado que el presidente tiene autoridad total para renovar la residencia ejecutiva y otras propiedades federales, y que el proyecto está siendo financiado con donaciones privadas.
