Mayes defendió su historial de demandas como prueba de su lucha por los arizonenses, mientras Petersen la calificó como una funcionaria partidista. Foto: Facebook
La fiscal general demócrata Kris Mayes y el presidente del Senado, Warren Petersen, candidato republicano al mismo cargo, protagonizaron un debate de una hora este miércoles en el que intercambiaron acusaciones sobre experiencia, donantes y deportaciones, en el marco de los foros organizados por la Comisión de Elecciones Limpias de Arizona.
Mayes defendió su historial de demandas como prueba de su lucha por los arizonenses, mientras Petersen la calificó como una funcionaria partidista que ha utilizado la oficina para atacar a sus oponentes políticos.
Mayes destacó las demandas de su oficina contra la empresa saudita Fondomonte por bombear agua subterránea para cultivar alfalfa, y contra la compañía de software RealPage y nueve arrendadores por coludirse para elevar precios.
Te puede interesar: Buscan reducir costo de vivienda en Arizona con nueva ley
“Ser abogada de todo el pueblo de Arizona significa enfrentar grandes peleas, y eso es lo que he hecho”, declaró durante el debate.
También mencionó su oposición a los centros de datos y su defensa de los beneficiarios de DACA.
Petersen, por su parte, habló de su carrera legislativa y su respaldo a recortes de impuestos como evidencia de que reduciría costos para los arizonenses.
“Durante catorce años he trabajado en la legislatura para reducir costos y mantener Arizona segura, incluso en gobierno dividido”, afirmó.
El senador dijo que su participación en más de 100 casos o escritos legales lo convierte en el “fiscal general de facto” durante los últimos cuatro años.
La tensión escaló cuando Mayes cuestionó la experiencia legal de Petersen, señalando que fue admitido al Colegio de Abogados hace apenas dos años y medio.
“No puedo creer que su partido lo haya nominado para este puesto”, dijo.
También lo criticó por recibir 615,000 dólares de BoaVida, una empresa de parques de casas móviles que Mayes demandó por dejar a residentes sin aire acondicionado durante olas de calor extremo.
Petersen respondió que el dinero fue a un gasto independiente que no controla.
“No tengo control sobre ese comité”, señaló.
En contraste, acusó a Mayes de haber “usado como arma” la oficina contra sus adversarios políticos, aunque no presentó evidencia específica que respaldara esa afirmación.
La fiscal reconoció haber tenido una discusión con funcionarios federales sobre fondos para un programa antidrogas, pero calificó las acusaciones de Petersen como “ataques personales”.
En materia migratoria, las diferencias fueron tajantes, pues Mayes acusó a Petersen de respaldar la deportación masiva y citó a los dreamers que trabajan como bomberos, maestros y pequeños empresarios.
“Los arizonenses no creen en la deportación masiva, creen en la aplicación de la ley migratoria”, señaló.
Petersen replicó que su declaración nunca estuvo dirigida a beneficiarios de DACA.
“Lo que dije fue que si estás aquí ilegalmente, no deberías sorprenderte si eres deportado”, afirmó.
Sobre los centros de datos, Mayes reiteró su llamado a una pausa estatal en su construcción, citando contaminación lumínica, acústica y un estudio de ASU sobre el aumento de temperatura ambiental.
Petersen sostuvo que los centros de datos son críticos para la tecnología cotidiana y propuso que se construyan con participación comunitaria y control local, además de reciclar su propia agua y generar su propia energía.
El tema electoral también surgió cuando Petersen dijo dos veces que “Biden ganó” en 2020, pero no respondió si rechazaría una solicitud de Trump para investigar esa elección.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
Mayes ha buscado procesar a los falsos electores republicanos que intentaron instalar a Trump en un segundo mandato, aunque él perdió el voto popular y electoral.
La elección general es el 3 de noviembre y la votación anticipada comienza el 7 de octubre.
