Mark Lamb, el aspirante a representar en Washington el Distrito 5 de Arizona, predica una plataforma política centrada en los “valores familiares” y su fe mormona. CORTESIA: MarkLambUS.com
En las denuncias se afirma que el ex alguacil utilizó el poder de su cargo para intentar silenciar a las mujeres
Las acusaciones de conducta sexual inapropiada que envuelven al ex alguacil del condado de Pinal y candidato republicano al Congreso, Mark Lamb, no constituyen un caso aislado en la política de Arizona, sino el capítulo más reciente de un largo historial de escándalos que han derribado carreras en ambos partidos y que, con demasiada frecuencia, han quedado impunes hasta que el escrutinio público los ha vuelto insostenibles.
El diario The Arizona Republic publicó el miércoles 21 de mayo una investigación que revela que Lamb, de 53 años y respaldado por el presidente Donald Trump para el quinto distrito congresional, intercambió durante años mensajes sexualmente explícitos con mujeres que conoció a través de las redes oficiales de su campaña, y a las que posteriormente amenazó con denunciar por venganza pornográfica si divulgaban el contenido de esas comunicaciones.
“Por favor, no más publicaciones… Llamaré al DPS”, escribió Lamb a una de las afectadas, según capturas de pantalla revisadas por el rotativo, en un mensaje que incluía un enlace al estatuto penal correspondiente y la advertencia de que se trataba de un delito grave de Clase 4.
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La investigación periodística documenta que el ex alguacil utilizó el poder de su cargo para intentar silenciar a las mujeres con las que había mantenido relaciones extramatrimoniales, un patrón que contrasta frontalmente con su plataforma política centrada en los “valores familiares” y su fe mormona.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también examinó las denuncias contra Lamb; una de las presuntas víctimas relató que un alto jerarca eclesiástico le confesó que el exalguacil “depredaba a las mujeres” y prometió tomar medidas, aunque el proceso interno nunca trascendió públicamente.
Los abogados de la campaña de Lamb calificaron las acusaciones de “infundadas y dañinas”, sin aportar mayores precisiones.
Los paralelismos con otros políticos de Arizona resultan inevitables: en 2018, el entonces representante estatal republicano Don Shooter fue expulsado de la Cámara de Representantes de Arizona por 56 votos contra 3, luego de que una investigación legislativa concluyera que incurrió en un “patrón de conducta deshonroso e impropio de un miembro” al acosar sexualmente a al menos siete mujeres a lo largo de varios años, entre ellas su propia compañera de bancada Michelle Ugenti-Rita.
Shooter, que se negó a dimitir hasta el último momento y fue escoltado fuera del recinto por seguridad, protagonizó la primera expulsión de un legislador estatal desde 1991, un hecho que marcó un antes y un después en la tolerancia institucional hacia este tipo de conductas.
Ese mismo año, el también republicano Steve Montenegro, casado y ministro cristiano, vio cómo su candidatura al Congreso se desplomaba en la recta final de las primarias al destaparse que durante meses había intercambiado mensajes de contenido sexual con una joven asistente legislativa, incluida una fotografía en topless.
Montenegro, quien admitió los hechos pero insistió en que no había cometido irregularidad alguna, perdió la elección frente a Debbie Lesko y tardó cuatro años en regresar a la vida pública, esta vez como miembro de la Cámara estatal, hasta que en noviembre de 2024 sus colegas lo eligieron presidente de ese órgano legislativo, en una controvertida rehabilitación política que evidencia la selectividad con la que el Partido Republicano aplica sus estándares éticos.
El lado demócrata tampoco ha estado exento de caídas estrepitosas, pues en agosto de 2021, el entonces senador estatal Tony Navarrete fue arrestado en Phoenix acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad, uno de ellos de apenas 13 años; el legislador, que representaba al Distrito 30 del oeste de Phoenix, se vio forzado a renunciar en medio de un clamor bipartidista y tres años después fue condenado a un año de prisión por conducta sexual con un menor, una sentencia que para muchos resultó insuficiente frente a la gravedad de los cargos originales.
Apenas en marzo de 2024, el representante estatal demócrata Jevin Hodge, quien llevaba menos de dos meses en el cargo tras ser designado para cubrir una vacante en el Distrito 8, presentó su dimisión luego de que The Arizona Republic revelara que había sido sancionado por violencia sexual y conducta sexual inapropiada mientras estudiaba en la Universidad George Washington en 2015.
La lista de caídos en desgracia, lamentablemente, no se detiene ahí, y abarca desde el exrepresentante republicano Trent Franks —quien renunció en 2017 tras ofrecer dinero a una asistente para que gestara a su hijo— hasta una miríada de funcionarios de menor rango cuyos tropiezos apenas alcanzaron las páginas de los diarios locales.
Lo que distingue el caso de Mark Lamb, sin embargo, es la naturaleza de las acusaciones: no se trata únicamente de una conducta sexual inapropiada, sino del presunto uso del poder policial para amedrentar a las víctimas y obstruir la divulgación de pruebas, una combinación que, de ser confirmada en los tribunales, trascendería el ámbito de la ética para adentrarse en el terreno penal.
El aspirante republicano, que busca ocupar el escaño que dejará vacante Andy Biggs en el conservador quinto distrito, no ha respondido personalmente a las acusaciones, y su equipo de campaña se ha limitado a descalificarlas mediante un comunicado de su abogado, el exmagistrado de la Corte Suprema de Arizona Andrew Gould, quien las tachó de “falsas, engañosas y potencialmente difamatorias”.
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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por su parte, no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre la investigación que sus propios jerarcas llevaron a cabo.
Mientras la maquinaria electoral sigue su curso, los votantes del quinto distrito deberán decidir si el patrón de conducta revelado por la prensa es compatible con el cargo al que aspira quien, en sus propias palabras, ha hecho de la defensa de los valores familiares el eje de su campaña.
La historia reciente de Arizona demuestra que estos escándalos rara vez terminan bien para sus protagonistas; lo que está por verse es si Lamb correrá la misma suerte que Shooter y Montenegro, o si, por el contrario, logrará emular a quienes, pese a todo, consiguieron resucitar políticamente.
