Conferencia de prensa de legisladores demócratas y activistas con la caravana “Todos Somos Texas”, que inició en California y culminará en ese estado. FOTO: Oscar Ramos
Leyes antiinmigrantes florecen previo a los años electorales, denuncian activistas
Activistas en defensa de la comunidad inmigrante denunciaron la implementación de leyes electorales discriminatorias que atentan contra las minorías como el caso de la SB4, en Texas, que florecen durante los años previos a las votaciones como “racismo electoral”.
Luis Vega, promotor de la caravana “Todos Somos Texas” y previamente “Todos Somos Florida”, señaló que éste tipo de políticas dañinas son abanderadas en su mayoría por candidatos o gobernantes republicanos que buscan la aprobación de las bases extremistas, aun cuando saben que serán derrotadas en las cortes, como ocurrió en Arizona con la SB1070.
En conferencia de prensa estuvieron presentes los diputados demócratas César Aguilar, Marcelino Quiñonez, Mariana Sandoval, así como la senadora Anna Hernández y compararon la SB4 de Texas, como alarmantemente similar al racista proyecto de ley de inmigración SB1070 de Arizona.
“Arizona sabe muy bien el dolor desgarrador que un proyecto de ley como el SB4 de Texas traerá a la gente común. Nuestro estado sufrió durante demasiado tiempo bajo la mano racista de la SB1070. No hay nada bueno –ni ahorro de costos, ni beneficio humanitario– que se obtendrá al aplicar perfiles raciales a las personas, desgarrar familias y dejar huérfanos a niños ciudadanos estadounidenses debido a la deportación”, señalaron.
“Es desgarrador ver una y otra vez que Arizona se ha convertido en un centro de advertencias políticas para otros estados, pero podemos decir con confianza que esperamos que nuestros fracasos se conviertan en lecciones”.
“Similar en casi todos los aspectos a la SB1070 de Arizona y la Proposición 187 de California, la SB4 autorizaría a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley locales y estatales a arrestar a inmigrantes que sospechen que cruzaron ilegalmente a Texas”, dijeron.
También permite a los jueces la opción de ordenar a algunos inmigrantes que regresen al país desde el que cruzaron ilegalmente en lugar de iniciar un proceso judicial. Si los migrantes se niegan a cumplir una orden de regreso, podrían ser acusados de un delito grave de segundo grado y enfrentar hasta 20 años de prisión.
Lydia Hernández, directora de LULAC en Arizona señaló que sin duda, este proyecto de ley conducirá a una discriminación racial generalizada y a una elusión de las protecciones que tienen los solicitantes de asilo según el derecho constitucional y las obligaciones internacionales. Sin una capacitación adecuada y respaldada por una política llena de sentimiento xenófobo, los agentes rápidamente recibirán autoridad para tomar decisiones sobre el estatus migratorio de una persona”.
“A pesar de la incapacidad de Arizona para proteger a nuestro estado de separar familias y atacar a ciertas comunidades basándose exclusivamente en su raza, instamos al Senado de Texas a aprender de nuestros errores y votar NO a la SB4”.
La organización Todos Somos Texas se encuentra actualmente en caravana desde California a Texas, para protestar contra la legislación.
La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés) también fustigó la legislación en voz del director ejecutivo Arturo Vargas.
“Fallos anteriores de la Corte Suprema han establecido que la aplicación de las leyes de inmigración recae únicamente en el gobierno federal. El pernicioso esfuerzo de Texas por convertir la presencia indocumentada en Estados Unidos en un delito estatal y permitir que las autoridades locales ordenen la deportación de inmigrantes indocumentados sería inconstitucional.
“La HB 4 crearía un riesgo significativo de que las fuerzas del orden separe a los niños de sus familias y al mismo tiempo disuadiría a los inmigrantes de denunciar delitos o cooperar con las fuerzas del orden locales por temor a ser arrestados o recibir sanciones penales. Esta peligrosa medida afectaría la capacidad de las autoridades para investigar y tomar medidas contra la actividad ilegal en las comunidades locales de todo el estado.
“Las leyes de inmigración son complejas y los agentes del orden estatales pueden no tener la experiencia para determinar el estatus migratorio de una persona. Esto podría llevar a que se arreste a personas basándose en la evaluación subjetiva de un oficial sobre su estatus migratorio y, posteriormente, a un aumento de la discriminación arbitraria, inhumana e injusta contra los latinos en Texas”, finalizó.
