La Corte Suprema de Arizona se negó a considerar una solicitud del Partido Republicano de Arizona para eliminar el sistema de votación anticipada utilizado por el 90% de los votantes del estado y exigir que casi todos los votantes emitan su voto en persona el día de las elecciones.
El tribunal dictaminó que el caso no cumplía con los criterios limitados para una demanda presentada directamente ante el tribunal superior del estado, pero dijo que el Partido Republicano podría llevar su caso al Tribunal Superior.
La demanda presentada en febrero argumentó que la votación en ausencia es inconstitucional y pidió a los jueces que se deshicieran de ella o al menos eliminaran el sistema de votación en ausencia sin excusas que Arizona adoptó en 1991 y se ha expandido constantemente desde entonces.
La demanda se produce en medio de los esfuerzos del Partido Republicano en muchos frentes para rehacer el sistema de emisión y conteo de votos, ya que el expresidente Donald Trump repite la mentira de que perdió las elecciones de 2020 debido al fraude en Arizona y otros estados en disputa.
El recurso legal fue criticado por los demócratas y los defensores del derecho al voto que dijeron que el argumento era profundamente defectuoso y tenía como objetivo socavar las elecciones.
El Partido Republicano de Arizona y su combativa presidenta, Kelli Ward, han estado al frente de los esfuerzos de Trump para poner en duda los resultados de las elecciones de 2020 y bloquear la certificación de la victoria del presidente demócrata Joe Biden.
La demanda pedía a los jueces que descartaran todos los procedimientos de votación anticipada o que se revierta la expansión del voto en ausencia sin excusas desde 1991, elimine los buzones de votación, prohíba el conteo de votos antes del día de las elecciones o prohíba el voto en ausencia en iniciativas y referéndums.
El Partido Republicano no cuestionó el voto en ausencia de los miembros de las fuerzas armadas, que la ley federal exige que el estado permita.
En 2020, el 90% de los votantes de Arizona usaron una boleta que llegó por correo, que se puede devolver a través del Servicio Postal de Estados Unidos, un buzón oficial administrado por los funcionarios electorales del condado o en un lugar de votación.
Las boletas se recolectan en un almacén central, donde los trabajadores confirman que la firma en el exterior del sobre de la boleta coincide con las firmas en el archivo para verificar que el voto sea legítimo.
Retrasan ley de identificación
La Cámara de Representantes de Arizona votó para retrasar la fecha de entrada en vigor de la legislación firmada el mes pasado que exige a los votantes presentar pruebas de su ciudadanía, lo que ya ha provocado dos demandas en medio de los temores de los defensores del derecho al voto de que podría cancelar los registros de miles de personas.
Si el Senado y el gobernador republicano Doug Ducey lo aprueban, el requisito de ciudadanía entraría en vigencia después de las elecciones de 2022, una concesión exigida por un legislador republicano que proporcionó el voto final para aprobar el proyecto de ley en el Senado.
Tal como está ahora, ese requisito y otros en un proyecto de ley firmado el 30 de marzo entrarán en vigencia 90 días después de que finalice la sesión legislativa, que probablemente se encuentre entre las elecciones primarias y generales.
La actualización también haría un cambio técnico que parece tener como objetivo abordar las preocupaciones de que el proyecto de ley podría requerir que cientos de miles de personas que se registraron antes de 2005 proporcionen prueba de su ciudadanía.
Arizona es el único estado que requiere prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar. Una decisión de la Corte Suprema de 2013 sobre la ley de Arizona dijo que cualquier persona que se registre utilizando un formulario de registro de votante federal, que no requiere documentación de ciudadanía, debe poder votar en las elecciones federales.
La controvertida nueva ley busca impedir que esos votantes voten por correo y también requiere que todos los votantes proporcionen prueba de su dirección cuando se registren.
Los propios abogados de la Legislatura dicen que gran parte de la nueva ley es inconstitucional, pero aún así, a los defensores del derecho al voto les preocupa que sea un intento de volver a estar al frente de la Corte Suprema, ahora más conservadora.
Los partidarios dicen que afecta solo a los aproximadamente 31,500 votantes registrados que no han mostrado prueba de ciudadanía, mientras los defensores de la votación dicen que, tal como se escribió originalmente, podría afectar a cientos de miles de personas que no han actualizado recientemente su registro de votante o licencia de conducir.
