La fiscalía de Arizona y 14 fiscales de distintos estados presentaron una demanda contra Donald Trump y Elon Musk, los acusan abuso de poder y conflictos de interés. Foto: Cortesía / X @elonmusk
Un grupo de 14 fiscales generales estatales, liderado por Kris Mayes de Arizona, Raúl Torrez de Nuevo México y Dana Nessel de Míchigan, ha presentado una demanda sin precedentes contra el presidente Donald Trump y el empresario Elon Musk. La acción legal alega una delegación inconstitucional de poderes ejecutivos, tras el nombramiento de Musk como líder del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
La demanda acusa a Trump de violar la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos al establecer el DOGE sin la aprobación del Congreso y otorgar a Musk poderes amplios sobre el gobierno federal sin el consentimiento del Senado.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, criticó duramente la designación de Musk: “Los fundadores de este país estarían indignados de ver que, 250 años después de derrocar a un rey, los ciudadanos están ahora sujetos a los caprichos de un multimillonario no elegido. Este tipo de poder sin restricciones amenaza nuestro sistema democrático”.
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Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, señaló que la estrategia de Trump demuestra debilidad más que fortaleza: “Permitir a Musk reducir fondos educativos, eliminar protecciones para las familias trabajadoras y acceder a datos privados sin supervisión no fortalece al gobierno, lo debilita”.
Dana Nessel, fiscal general de Míchigan, enfatizó el impacto negativo para su estado: “Este asalto extraordinario por parte de Musk, quien no ha sido elegido ni confirmado, es inconstitucional y perjudicial. Estamos solicitando al tribunal que invalide sus acciones y limite su autoridad de inmediato”.
Conflictos de interés
El nombramiento de Musk ha suscitado serias preocupaciones debido a sus lazos financieros con el gobierno federal. Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, lidera empresas que mantienen contratos millonarios con diversas agencias gubernamentales.
Por ejemplo, se informó recientemente que el Departamento de Estado planeaba adquirir vehículos eléctricos blindados por un valor de $400 millones, inicialmente mencionando a Tesla como proveedor potencial. Aunque finalmente se eliminó el nombre de Tesla de los documentos, este incidente generó dudas sobre la imparcialidad en la adjudicación de contratos gubernamentales.
Además, SpaceX, otra compañía de Musk, mantiene contratos multimillonarios con el Departamento de Defensa, lo que ha generado inquietudes sobre si la posición de Musk en el DOGE podría influir en decisiones que favorezcan a sus empresas.
Musk, por su parte, ha rechazado estas acusaciones, declarando que las operaciones del DOGE son completamente transparentes y que está dispuesto a abordar cualquier posible conflicto de interés. Sin embargo, críticos argumentan que la combinación de su poder en el gobierno y sus intereses corporativos representa un claro riesgo para la imparcialidad y la ética pública.
Consecuencias para los estados
La demanda también resalta los graves efectos de las acciones del DOGE en los estados y ciudadanos. Entre las principales preocupaciones se encuentra la propuesta de eliminar el Departamento de Educación, lo que pondría en peligro programas de educación especial y la supervisión de derechos civiles en las escuelas.
Además, el DOGE ha accedido a bases de datos financieras federales con información fiscal y bancaria de los estados, sin la supervisión adecuada, aumentando el riesgo de ciberataques y filtraciones de datos.
Los estados, que dependen de miles de millones de dólares en fondos federales para servicios esenciales como salud, educación y seguridad, también enfrentan posibles déficits presupuestarios y la disolución de programas clave debido a las acciones del DOGE.
La demanda, que incluye a estados como California, Connecticut, Hawái y Washington, busca declarar inconstitucionales las acciones de Musk y obtener una orden judicial que restrinja su autoridad. Los fiscales argumentan que este caso no solo cuestiona la legalidad del DOGE, sino que también plantea una advertencia urgente sobre los límites del poder ejecutivo y los peligros de concentrar demasiado poder en una sola persona.
La controversia en torno al DOGE y el rol de Musk pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia, rendición de cuentas y protección del equilibrio constitucional en Estados Unidos.
