La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha establecido un nuevo récord de vetos durante sus primeros dos años en el cargo, rechazando un total de 216 proyectos de ley: 143 en 2023 y 73 en 2024. CORTESIA: Governor Katie Hobbs / FACEBOOK
La gobernadora, Katie Hobbs, ha establecido un nuevo récord de vetos durante sus primeros dos años en el cargo, rechazando un total de 216 proyectos de ley: 143 en 2023 y 73 en 2024. Este número supera el récord anterior de 181 vetos, mantenido por la exgobernadora demócrata Janet Napolitano entre 2003 y 2009.
Esta semana, Hobbs emitió su primer veto del año al rechazar el proyecto de ley 2703 de la Cámara de Representantes (HB2703), una iniciativa respaldada por los republicanos que pretendía acelerar el conteo de votos en las elecciones estatales. El proyecto proponía, entre otras medidas, prohibir que los votantes con boletas anticipadas las entregaran en los centros de votación el día de las elecciones, obligándolos a hacerlo antes de las 7 p.m. del viernes previo al día electoral. Además, buscaba cambios que, según Hobbs, podrían restringir innecesariamente la libertad de voto de los ciudadanos de Arizona, como la eliminación efectiva de la Lista Activa de Votación Anticipada.
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“Si bien yo también deseo resultados electorales más rápidos, la solución no debe restringir innecesariamente la libertad de voto de los ciudadanos de Arizona”, expresó Hobbs.
Hobbs propuso compromisos que aumentarían la libertad de los votantes al tiempo que acelerarían los resultados electorales, pero los republicanos rechazaron estas propuestas.
Molestia republicana
El proyecto de ley HB2703 fue aprobado por la Cámara de Representantes el 12 de febrero con una votación de 32-27 y por el Senado al día siguiente con una votación de 16-10, contando únicamente con el apoyo de los republicanos en ambas cámaras. El presidente del Senado, Warren Petersen, argumenta que medidas como la restricción de la entrega de boletas anticipadas podrían agilizar el conteo de votos, similar al sistema implementado en Florida. Sin embargo, opositores como la secretaria del condado de Pima, Gabriella Cázares-Kelly, advirtieron sobre posibles impactos negativos en votantes rurales y de comunidades tribales.
Petersen calificó el veto como “un gran error” y afirmó: “Esta fue una oportunidad perdida para aumentar la confianza de los votantes y reducir la frustración en la noche electoral”. Los republicanos están considerando opciones para continuar impulsando la legislación, incluyendo la posibilidad de remitir la medida directamente a los votantes a través de una resolución concurrente de la Cámara de Representantes (HCR2013), que, de ser aprobada por ambas cámaras, se sometería a votación en 2026.
Hobbs ha reiterado su compromiso de vetar cualquier legislación que dificulte el acceso al voto. En su carta detalló las propuestas de compromiso que ofreció, incluyendo restricciones a la entrega de boletas anticipadas los viernes, mientras se protegía la Lista Activa de Votación Anticipada y se consideraban combinaciones de registro de votantes el mismo día, portabilidad de registro entre condados y asistencia ampliada para que los votantes elegibles devuelvan sus boletas a tiempo. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por los republicanos.
En el limbo 200,000 votantes
Arizona enfrenta una situación compleja y polémica respecto a la elegibilidad de aproximadamente 200,000 residentes de larga data para continuar en el padrón electoral. Un error administrativo en el sistema de licencias de conducir y registro de votantes del estado ha llevado a que estas personas nunca fueran requeridas a proporcionar prueba de ciudadanía al registrarse para votar. Ahora, una nueva propuesta legislativa podría poner en riesgo su derecho al sufragio.
El diputado Alex Kolodin ha presentado el Proyecto de Ley 2038, que busca establecer un procedimiento para que los registradores de condado verifiquen la elegibilidad de estos votantes. Según la propuesta, si un votante no proporciona prueba de ciudadanía en un plazo de 35 días tras ser notificado, su estatus quedaría en suspenso. Si intenta votar en ese estado, tendría hasta las 7 p.m. del día de la elección para presentar la documentación requerida. Si para las elecciones generales de 2026 el votante aún no ha presentado la prueba, su registro sería cancelado.
Esta medida ha sido duramente criticada por la oficina del Secretario de Estado Adrián Fontes y por organizaciones defensoras del derecho al voto, como All Voting is Local Action. Argumentan que, según la ley federal, estos votantes deberían seguir siendo elegibles para elecciones federales, ya que solo se requiere que atestigüe su ciudadanía bajo pena de perjurio. En Arizona, sin embargo, la prueba documental es obligatoria para votar en elecciones estatales y locales.
Los registradores de condado, aunque en su mayoría apoyaron la propuesta de Kolodin en una audiencia legislativa reciente, ahora debaten si es la mejor solución. La urgencia de tomar una decisión se debe a que algunas elecciones locales por correo están programadas para marzo y mayo, y algunos condados ya han comenzado a notificar a los votantes afectados. Otros, en cambio, esperan instrucciones claras antes de proceder.
El problema radica en que estos votantes han vivido en Arizona desde antes de 1996 y se registraron después de 2004, pero nunca se les solicitó documentación debido a fallos en los sistemas estatales. A pesar de que todas las partes coinciden en que la mayoría, si no todos, son ciudadanos estadounidenses y que la situación no es culpa de ellos, la falta de claridad legal ha complicado la resolución del problema.
