La acción judicial busca evitar recortes de $855 millones anuales en fondos federales para Arizona en educación. Foto: Cortesía / Mary Taylor Pexels
La fiscal general de Arizona, Mayes, y una coalición de 20 fiscales generales demócratas presentaron una medida cautelar para frenar el desmantelamiento del Departamento de Educación (ED, por sus siglas en inglés) ordenado por el gobierno de Donald Trump.
La acción judicial busca evitar recortes de $855 millones anuales en fondos federales para Arizona y proteger programas que benefician a estudiantes de bajos recursos, comunidades rurales y personas con discapacidad.
El 20 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para cerrar el ED, transfiriendo servicios como préstamos estudiantiles a la Small Business Administration y programas de educación especial a Health and Human Services. Según la demanda, estas acciones violan la Ley de Procedimientos Administrativos y la Constitución, que reserva al Congreso la facultad de crear o eliminar agencias. “El ED fue establecido por el Congreso en 1979. Su desaparición exige un acto legislativo, no un decreto”, declaró Mayes. Hasta ahora, la administración ha reducido el personal del ED en 50%, dejando solo 2,000 empleados y cerrando oficinas en 12 estados.
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El ED destina anualmente 345 millones a escuelas de bajos ingresos en Arizona (Title I), 272 millones a estudiantes con discapacidades (IDEA) y $238 millones a comunidades tribales y militares (Impact Aid).
La gobernadora Katie Hobbs advirtió que eliminar estos fondos “desestabilizaría el sistema educativo, afectando desde preescolares hasta universidades”.
Datos de Education Forward Arizona revelan que el 43% de las escuelas públicas del estado dependen del Title I, mientras que el IDEA beneficia a 200,000 estudiantes. “Sin estos recursos, Arizona retrocedería décadas en inclusión”, agregó Hobbs.
25 Millones de Estudiantes en Riesgo
A nivel federal, el ED gestiona $80,000 millones anuales para programas como el Pell Grant, que ayuda a 6.1 millones de estudiantes de bajos ingresos a acceder a la universidad. Según la National Education Association (NEA), el 60% de los distritos escolares rurales en el país dependen de fondos federales para operar. La coalición de fiscales —representando a 21 estados y Washington D.C.— argumenta que desmantelar el ED retrasaría fondos para 7.5 millones de niños con discapacidades y 22,000 escuelas Title I. “Es un ataque a la igualdad de oportunidades”, dijo Becky Pringle, presidenta de la NEA.
Madi Biedermann, portavoz del ED, defendió las acciones: “Estamos reubicando programas donde sirvan mejor a las familias”. La Casa Blanca insiste en que no se han interrumpido servicios, pero registros muestran que 30% de las solicitudes de ayuda (FAFSA) están estancadas por falta de personal.
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Mientras, grupos como la NAACP y la American Federation of Teachers presentaron demandas adicionales, acusando a Trump de “sabotear la educación pública para beneficiar a élites”.
Arizona enfrenta un riesgo adicional: el objetivo Achieve60AZ, que busca que el 60% de los adultos tengan educación superior para 2030. Según Helios Education Foundation, sin ayuda federal, la meta sería inalcanzable, perdiendo el estado $3.5 mil millones en ingresos anuales. “Sin FAFSA, miles abandonarían la universidad”, alertó Rich Nickel, CEO de Education Forward Arizona. En 2023, solo el 45% de los estudiantes de Arizona completaron el formulario, pero tras campañas estatales, la cifra subió a 58% en 2024.
