Republicanos pasan controversial proyecto de Ley que vincula a las Policías con ICE en Arizona. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
A pesar de las advertencias de comunidades latinas y activistas por los derechos de los inmigrantes, los republicanos de Arizona están avanzando con una propuesta legislativa que podría obligar a la policía local a cumplir con las políticas federales de inmigración. La medida ha generado preocupación sobre el incremento de detenciones injustas y la criminalización de comunidades vulnerables.
El caso de Marlon Parris, un veterano de guerra de Irak y residente legal permanente que ha vivido en Estados Unidos por más de 30 años, se ha convertido en un símbolo de las posibles consecuencias de esta iniciativa. Parris fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 22 de enero frente a su hogar en Laveen, a pesar de contar con documentación que le permite permanecer en el país. Su esposa, Tanisha Hartwell-Parris, ha estado luchando por su liberación mientras administra su negocio familiar y cuida a sus siete hijos. Durante una audiencia reciente, instó a los legisladores a rechazar la propuesta, citando el caso de su esposo como prueba del riesgo de errores en la aplicación de estas políticas.
La propuesta, conocida como la “Ley ICE de Arizona,” obliga a todas las agencias del orden en el estado a cooperar con la aplicación de las leyes de inmigración federales. Sin embargo, la falta de directrices claras sobre los límites de esta cooperación ha generado alarma entre organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes.
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Entre las disposiciones más preocupantes, el proyecto de ley prohíbe a empleados estatales, municipales y del condado restringir la participación de la policía en operativos migratorios. También permitiría a ICE solicitar la detención de cualquier persona bajo custodia policial durante 48 horas adicionales, incluso sin una condena o pruebas suficientes de estar en el país sin autorización.
El proyecto de ley también contempla sanciones legales para las agencias que no cumplan con sus directrices. El fiscal general del estado podría iniciar acciones judiciales contra aquellas entidades que no colaboren plenamente con ICE, y cualquier ciudadano podría denunciar a su departamento de policía local para iniciar una investigación estatal.
Este endurecimiento de la colaboración entre la policía local e ICE ha desatado protestas. Activistas y ciudadanos preocupados han denunciado que la medida alimenta la separación de familias y fomenta el perfilamiento racial. Además, advierten que podría desalentar la denuncia de crímenes por parte de inmigrantes temerosos de ser arrestados o deportados, lo que socavaría la seguridad pública.
En la audiencia legislativa, abogados y defensores de los derechos civiles advirtieron sobre las posibles violaciones a los derechos constitucionales.
Douglas Kouffie, abogado de Marlon Parris, argumentó que las detenciones extendidas sin una orden judicial podrían socavar el derecho al debido proceso. “En este país, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó Kouffie.
“El simple hecho de que alguien sea arrestado no significa que haya cometido un crimen”.
Republicanos empujan aprobación
A pesar de la oposición de la bancada demócrata, que alertó sobre los efectos negativos en familias de estatus migratorio mixto y en los departamentos de policía con recursos limitados, los republicanos, que tienen la mayoría, respaldaron el proyecto de ley.
La senadora republicana Janae Shamp justificó la medida argumentando que busca preservar la seguridad pública, citando casos de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados como prueba de la necesidad de reforzar la cooperación con ICE.
Fuera del Capitolio estatal, manifestantes sostuvieron pancartas con mensajes como “Estas leyes racistas deben desaparecer” y “Los inmigrantes hacen grande a América”.
Líderes comunitarios y activistas, como Raquel Terán, instaron a la población a seguir movilizándose contra lo que han denominado la “Agenda de Deportación de Familias de Arizona”.
El destino del proyecto de ley sigue siendo incierto, pero lo que sí está claro es que ha intensificado el debate sobre inmigración en Arizona.
