La Oficina del Fiscal General de Arizona dice que la ciudad de Tucson ha violado la ley estatal al implementar mandatos de vacunación “discriminatorios” y está tomando medidas legales para cambiar las políticas de personal del municipio.
El fiscal general Mark Brnovich anunció el martes que su oficina presentó una demanda contra Tucson, acusando a los funcionarios de la ciudad de violar los derechos civiles de sus 4,000 empleados al exigirles que se vacunen contra el coronavirus.
En agosto pasado, Tucson instruyó a sus trabajadores a vacunarse o presentar una solicitud de adaptación religiosa o exención médica. El incumplimiento del mandato podría haber resultado en una acción disciplinaria.
La oficina de Brnovich dice que el mandato contenía un lenguaje confuso sobre cuándo los empleados tenían que presentar exenciones para la vacuna.
Debido a esta confusión, AAGO dice que los empleados de la ciudad fueron sujetos a períodos de suspensión de sus trabajos sin goce de sueldo.
“Muchos de los afectados son socorristas y es nuestro turno de estar ahí para ellos”, dijo Brnovich en un comunicado. “El mandato de vacunación equivocado de la ciudad es un feo ejemplo de extralimitación del gobierno al que debemos oponernos enérgicamente”.
La demanda pide a los tribunales que obliguen a Tucson a compensar a los trabajadores que fueron suspendidos debido al mandato y obligar a la ciudad a emitir una disculpa pública.
