La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, en defensa del programa DACA y los “soñadores”.
Coalición de 23 Fiscales Generales, presenta argumentos a favor de DACA
La Fiscal General Mayes se unió esta semana a una coalición multinacional de 23 fiscales generales en contra del esfuerzo continuo de Texas para poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
En el escrito de amicus presentado ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, la coalición insta al tribunal a revertir la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas de que el programa DACA es no autorizado por la ley; el programa DACA ha permitido que más de 800,000 beneficiarios vivan, estudien y trabajen en los Estados Unidos sin temor a ser separados forzosamente de sus familias y comunidades.
“Los Dreamers han llamado hogar a los Estados Unidos durante la mayor parte de sus vidas. Son parte del tejido de nuestra nación y nuestro estado”, dijo la Fiscal General Mayes.
“Los Dreamers han contribuido a nuestra economía, pagado impuestos, servido en nuestro ejército y trabajado en sectores críticos de nuestra economía debido a las protecciones que se les otorgan bajo DACA. Los intentos de privarlos de estas protecciones son profundamente incorrectos y devastarían a familias en todo el país y aquí en Arizona. El Quinto Circuito debería revertir la decisión del tribunal de distrito y mantener el programa DACA”, agregó.
Desde 2012, más de 825,000 jóvenes inmigrantes han recibido protecciones DACA después de completar solicitudes y pasar una verificación de antecedentes, incluyendo casi 30,700 arizonenses.
Los beneficiarios de DACA, conocidos como Dreamers, provienen de casi todos los países del mundo, pero muchos nunca han conocido otro hogar que los Estados Unidos; el programa ha permitido que cientos de miles de beneficiarios se inscriban en universidades; comiencen negocios que ayuden a mejorar nuestra economía; sirvan en el ejército; y retribuyan a nuestras comunidades como maestros, profesionales médicos, ingenieros y empresarios.
Estas contribuciones se hicieron aún más evidentes durante la pandemia de COVID-19, ya que decenas de miles de beneficiarios de DACA continuaron sirviendo a sus comunidades como trabajadores esenciales y profesionales de la salud de primera línea.
DACA desempeña un papel vital en el apoyo a nuestras economías a nivel nacional, estatal y local. Se estima que los beneficiarios de DACA y sus hogares contribuyen aproximadamente con $9.5 mil millones en impuestos federales, estatales y locales cada año.
Se proyecta que la eliminación total de DACA resultaría en una pérdida de aproximadamente $280 mil millones en crecimiento económico nacional durante el transcurso de una década y también conduciría a una pérdida estimada de $33.1 mil millones en contribuciones al Seguro Social y $7.7 mil millones en contribuciones a Medicare, fondos que son críticos para garantizar la salud financiera de estos programas nacionales de los cuales dependen personas en todo el país.
Además, el poder adquisitivo de los beneficiarios de DACA, estimado en $25.3 mil millones anualmente, contribuye sustancialmente a la salud económica general de la nación. Los beneficiarios de DACA son propietarios de viviendas, hacen pagos de hipotecas, poseen pequeñas empresas y ayudan a apoyar la creación de nuevos empleos.
El caso ante el Quinto Circuito es resultado de una demanda presentada por Texas y otros ocho estados buscando poner fin al programa DACA en su totalidad; en octubre de 2022, el Quinto Circuito confirmó una decisión del tribunal de distrito que encontraba que el memorando ejecutivo de 2012 que creaba el programa DACA era ilegal, pero devolvió el caso al tribunal inferior para considerar la validez de una nueva regulación que codificaba la política. En septiembre de 2023, el Distrito Sur de Texas nuevamente declaró el programa ilegal.
