El diputado republicano Walt Blackman ha presentado una nueva legislación destinada a combatir las reclamaciones fraudulentas de veteranos. CORTESIA: Arizona House GOP / Facebook
Presenta diputado republicano propuesta contra el “valor robado”
El representante estatal republicano Walt Blackman ha presentado una nueva legislación destinada a combatir las reclamaciones fraudulentas de servicio militar y proteger la integridad del estatus de veterano en Arizona.
El proyecto de ley HB2030 refuerza las penas por hacerse pasar por un veterano con fines de lucro y representa la respuesta más completa a nivel estatal contra el valor robado hasta la fecha.
“No podemos permitir que el servicio honorable y el sacrificio de nuestros hombres y mujeres militares sean socavados por actores engañosos”, declaró el representante Blackman, veterano del Ejército de los Estados Unidos y presidente del Comité de Gobierno de la Cámara.
“Esta legislación envía un mensaje claro de que Arizona no tolerará el valor robado en ninguna forma. Al responsabilizar a las personas que tergiversan su estatus militar para obtener beneficios personales, políticos o financieros, mantenemos la integridad de las contribuciones de nuestros veteranos y la confianza de nuestros ciudadanos”.
El HB2030 crea fuertes disuasivos contra la imitación de un veterano, enfocándose en actividades fraudulentas como: Reclamar servicio militar o condecoraciones para obtener empleo, contratos gubernamentales o beneficios para veteranos.
Igualmente usar un estatus falso de veterano para obtener votos, contribuciones de campaña o ventajas políticas y además falsificar o alterar documentos militares, insignias de combate o condecoraciones.
Las penas varían desde un delito grave de Clase 4 hasta un delito grave de Clase 2 para infracciones que impliquen beneficios de alto valor. Además, el proyecto de ley exige la destitución de funcionarios públicos condenados bajo esta ley.
El HB2030 se basa en la Ley Federal de Valor Robado de 2013 al abordar lagunas en la legislación federal y ampliar las protecciones a nivel estatal y utiliza la autoridad de Arizona bajo la Décima Enmienda para centrarse en conductas fraudulentas que afectan programas estatales, elecciones e instituciones.