La senadora Catherine Miranda advirtió que los legisladores republicanos no están escuchando a los arizonenses, sino que siguen ciegamente la directriz de Donald Trump. Foto: Prensa Arizona
En una entrevista exclusiva, la senadora estatal Catherine Miranda, líder adjunta de la minoría demócrata en Arizona, desglosó los desafíos legislativos que enfrentan las comunidades vulnerables: desde proyectos de ley que buscan acelerar deportaciones masivas hasta recortes a Medicaid y programas educativos.
La senadora advirtió que los legisladores republicanos no están escuchando a los arizonenses, sino que siguen ciegamente la directriz de la administración Trump.
“Estamos viendo legislaciones espejo a las órdenes ejecutivas de Donald Trump y cómo intentan que las acciones del gobierno federal se conviertan en ley en Arizona”, explicó.
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Con una carrera marcada por la defensa de la educación y los derechos de inmigrantes, Miranda advirtió sobre el impacto de políticas que, según ella, “priorizan la crueldad sobre la humanidad”.
Dos iniciativas republicanas dominan la agenda legislativa: el Arizona ICE Act (SB 1164) y el proyecto de financiamiento SB 2099. El primero obligaría a agencias estatales y escuelas a cooperar con ICE, invalidando políticas locales que protegen a inmigrantes.
“Es una réplica estatal de la agenda de deportaciones de Trump”, señaló Miranda.
La senadora, quien entregó una carta con 300 firmas a la gobernadora Katie Hobbspidiendo el veto y confiaba en que la mandataria bloquearía la iniciativa, lo que a la postre sucedió.
En educación, el ICE Act podría anular políticas de “zonas seguras” en distritos como Phoenix Union, donde directores prohíben el ingreso de agentes sin órdenes judiciales.
“Las escuelas deben ser santuarios, no centros de detención”, insistió Miranda, quien como exeducadora conoce el impacto en la asistencia estudiantil.
Sin embargo, alertó que los republicanos podrían llevarla a referéndum en 2026, siguiendo la estrategia usada con la Proposición 314, aprobada por los votantes, que criminaliza a los inmigrantes y permitiría arrestos migratorios, bajo el pretexto de la invasión.
Miranda recordó que republicanos cómo el senador Jake Hoffman, por cierto acusado por la Fiscalía General de Arizona por firmar como un falso elector en 2020, intentó usar fondos de remesas para crear un “fondo de recompensas” contra inmigrantes, el llamado “Bounty Bill”.
Miranda calificó como “el peor proyecto que ha visto en su carrera” la llamada Ley de Recompensas, que proponía multas de $2,500 por deportaciones usando fondos de remesas a las que, de haberse aprobado la ley se les hubiera agregado un cobro extra de $25 en envíos menores a $500 y un porcentaje extra por envíos superiores.
Aunque esta iniciativa murió, su legado persiste: “Le puso precio de $2,500 dólares a cada inmigrante que serían entregados a las agencias policiacas que realizaran el arresto, esta iniciativa creó un clima de miedo llevando a las familias a evitar acudir a escuelas y hospitales por temor al ICE”, explicó.
El clima antiinmigrante ya ha cobrado víctimas como el caso Jocelynn, una niña de Texas que se suicidó tras amenazas de deportación contra sus padres por parte de sus propios compañeros de escuela, en un aberrante caso de bulllying.
Recortes con efecto dominó
Los republicanos también buscan recortar $100 millones a servicios para niños con discapacidades y Medicaid y Miranda denunció tácticas para dividir a la comunidad: “Celebran comités de presupuesto simultáneos en Cámara y Senado para evitar protestas masivas”.
Estos recortes, advirtió, no solo afectarían a beneficiarios directos, sino que colapsarían hospitales y aumentarían el desempleo en el sector salud, con riesgo de desalojos y desestabilización económica.
Aunque no hay cifras exactas, la senadora vinculó esto a una estrategia federal: “Es un ataque coordinado. En Washington, recortan SNAP; aquí, restringen compra de refrescos con esos beneficios, ignorando que muchas familias no pueden costear opciones ‘saludables'”.
En medio de negociaciones presupuestarias, Miranda destacó otra batalla: proyectos que prohíben teléfonos en aulas.
“Cada distrito debe decidir. Legislar esto distrae de problemas reales, como tiroteos escolares”, afirmó, criticando la prioridad republicana en controlar dispositivos en lugar de financiar seguridad, recursos pedagógicos o legislar para un mayor control sobre las armas.
La senadora, exmiembro de juntas escolares, también alertó sobre iniciativas que buscan eliminar la educación bilingüe y restringir currículos sobre historia migrante. “Es un borrado cultural. Quieren que los jóvenes olviden sus raíces”, sostuvo.
Una voz en resistencia
Miranda, de profundas raíces en la docencia y el activismo comunitario, atribuye su resiliencia política a sus raíces en el sur de Phoenix. “Este distrito me enseñó que la diversidad es nuestra fuerza”, dijo.
Pese a la mayoría republicana, asegura que los demócratas mantienen unidad: “Vigilamos cada movimiento. Denunciamos cuando usan tácticas dilatorias o esconden recortes en proyectos aparentemente neutros”. Como ejemplo, mencionó una propuesta que mezclaba fondos para discapacitados con restricciones a programas de salud reproductiva.
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Miranda cerró con un mensaje urgente: “Invito a la comunidad a monitorear el Capitolio. Los republicanos no escuchan; solo obedecen órdenes de Washington. Pero nuestra voz colectiva puede detener esta agenda”.
Y recordó: “En 2010, derrotamos la SB 1070. Hoy, necesitamos esa misma energía” .
Mientras Arizona se convierte en un campo de batalla nacional sobre inmigración y derechos sociales, figuras como Miranda encarnan la resistencia desde dentro del sistema. Su advertencia final resume el desafío: “Esto no es política. Es la vida de millones”.
