La Corte de Apelaciones de Arizona escuchó los argumentos de Jim Lamon, quien exige a la Fiscalía el pago de honorarios bajo la ley anti-SLAPP. Foto: Jim Lamon for Senate
La Corte de Apelaciones de Arizona escuchó los argumentos del republicano Jim Lamon, excandidato al Senado de Estados Unidos, quien busca que se declare que la acusación en su contra por el caso de los “falsos electores” violó la ley anti-SLAPP del estado y que la Fiscalía General pague sus honorarios legales.
La audiencia, celebrada en Phoenix, no emitió una resolución inmediata y se centró en determinar si Lamon todavía puede obtener un pronunciamiento judicial sobre la supuesta motivación política de la acusación, a pesar de que los cargos en su contra fueron retirados en enero de 2025 como parte de un acuerdo con la Fiscalía.
Lamon fue uno de los 11 republicanos de Arizona acusados en abril de 2024 de firmar documentos que atribuían la victoria electoral de 2020 en el estado a Donald Trump, cuando los resultados oficiales certificaron que Joe Biden ganó por 10,457 votos. A diferencia de la mayoría de sus coacusados, Lamon alcanzó un acuerdo con los fiscales en enero de 2025 para que se retiraran los cargos a cambio de entregar correos electrónicos a los investigadores.
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El choque legal en la audiencia: ¿aplica la ley anti-SLAPP tras un acuerdo?
El punto central del debate ante los magistrados fue si Lamon puede reclamar los beneficios de la ley anti-SLAPP —diseñada para proteger contra procesamientos políticamente motivados— luego de que su proceso penal concluyera mediante un acuerdo voluntario:
- Postura de la defensa de Jim Lamon: Su abogada, Lacy Cooper, sostuvo que el juez de primera instancia, Sam Myers, había permitido que avanzara la reclamación anti-SLAPP en febrero de 2025 y que, por ello, la Fiscalía debe responder económicamente. “Esa consecuencia está diseñada para disuadir a los demandantes y fiscales de presentar tales casos en primer lugar”, declaró Cooper respecto al cobro de honorarios.
- Respuesta de la Fiscalía General: El asistente del fiscal general, Casey Ball, rechazó la petición y calificó la solicitud como un caso de “arrepentimiento del comprador” (buyer’s remorse), argumentando que el acuerdo firmado por Lamon no contemplaba el pago de honorarios legales. “No hay ningún cargo contra el señor Lamon, lo que significa que no puede buscar remedios adicionales en un caso muerto”, afirmó Ball.
- Cuestionamiento del panel judicial: El juez Michael Brown, uno de los tres magistrados del panel, preguntó directamente a la defensa: “No ha habido una concesión de una moción anti-SLAPP. Esa es la clave para activar los honorarios, ¿no es así?”, a lo que Cooper respondió que el juez Myers ya había encontrado evidencia suficiente para dejar avanzar el reclamo en 2025.
Un fallo que puede marcar precedente para los demás implicados
La audiencia no resolvió si la fiscal general Kris Mayes puede volver a presentar cargos contra los demás implicados en el expediente, una posibilidad que permanece abierta después de que el juez Myers desestimara la acusación original en 2026 por fallas en la presentación de evidencia ante el gran jurado.
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La Corte de Apelaciones de Arizona emitirá su fallo en una fecha posterior, y su resolución podría establecer un precedente clave para el resto de los acusados que también buscan ampararse bajo la ley anti-SLAPP estatal.












