Los demandantes, encabezados por la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Gina Swoboda. CORTESIA: Arizona Republican Party / Facebook
Juez Federal desestima la demanda republicana sobre el Registro Electoral
En un fallo reciente, el juez federal Dominic Lanza desestimó una demanda presentada por altos miembros del Partido Republicano de Arizona que alegaban que el estado violaba la ley federal al no limpiar adecuadamente las listas de votantes.
La demanda, interpuesta a principios de este año, sostenía que el secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes, no había tomado medidas suficientes para eliminar a los votantes no elegibles de los registros, lo que, según los demandantes, diluía el voto de los votantes legítimos y les costaba tiempo y recursos en sus esfuerzos de movilización electoral.
Los demandantes, encabezados por la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Gina Swoboda, el presidente del Arizona Free Enterprise Club, Scot Mussi, y el empresario republicano Steven Gaynor —quien intentó, sin éxito, postularse para el cargo de principal funcionario electoral del estado en 2018— afirmaban que más de un millón de votantes en Arizona no estaban debidamente registrados, incluyendo aquellos que ya estaban muertos o se habían mudado.
Según los demandantes, esto resultaba en una falta de limpieza de las listas y, en consecuencia, en una desventaja para los votantes activos, que veían sus votos diluidos por los no elegibles.
La demanda se basaba en la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA, por sus siglas en inglés), que exige que los estados hagan esfuerzos razonables para mantener actualizados sus registros de votantes, sin embargo, el juez Lanza desestimó el caso, argumentando que los demandantes no tenían “legitimación activa” o “standing” para presentar la demanda.
La legitimación activa se refiere a la capacidad de un demandante para demostrar que ha sufrido un perjuicio específico y concreto que pueda ser resuelto por los tribunales.
Lanza explicó que la simple afirmación de que el gobierno estaba violando la ley no era suficiente para establecer una causa legal y para que un ciudadano pueda demandar, debe demostrar que un derecho reconocido ha sido violado de manera concreta.
Según Lanza, los demandantes no presentaron pruebas suficientes de que sus votos fueran efectivamente diluidos por votantes no elegibles, señalando que las alegaciones eran especulativas y no estaban basadas en hechos comprobados.
El caso se originó a partir de una serie de notificaciones enviadas por la oficina de Fontes a los votantes de Maricopa, en las que se les pedía confirmar su registro. De las 752,387 notificaciones enviadas, más de 130,000 personas fueron removidas de las listas por no responder.
Los demandantes argumentaban que la falta de respuesta de los votantes restantes indicaba que seguían registrados a pesar de no ser elegibles, pero el juez descartó este argumento como una suposición sin evidencia.
Otro de los puntos en la demanda fue la afirmación de que algunos condados de Arizona presentaban tasas de registro de votantes “implausiblemente altas”, según datos de registro de votantes de 2022 y estadísticas del Censo de EE. UU. Sin embargo, Lanza también desestimó este argumento, indicando que la simple existencia de registros elevados no constituye un daño concreto.
