La Legislatura de Arizona puso fin a su periodo anual de sesiones la madrugada de este sábado, tras una maratónica jornada de 18 horas en la que los republicanos enviaron a la boleta de noviembre una serie de enmiendas constitucionales y resoluciones que eluden el veto de la gobernadora demócrata Katie Hobbs.
La sesión, que comenzó con la aprobación de un presupuesto bipartidista el jueves, terminó con gritos en la Cámara, acusaciones de supresión del voto y la expulsión de maestros de la galería del Senado, en uno de los cierres legislativos más tensos de los últimos años.
El representante republicano Alexander Kolodin logró su mayor victoria al aprobar la Resolución Concurrente 2001, el Acta de Elecciones Seguras de Arizona, que pide a los votantes blindar en la Constitución estatal la exigencia de identificación oficial para votar, limitar la participación electoral a ciudadanos y prohibir el gasto de extranjeros en campañas.
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“Durante años, los arizonenses han visto los mismos problemas electorales repetirse mientras la confianza en el sistema se erosionaba”, dijo Kolodin. La medida, que también permite la tabulación de boletas en el mismo centro de votación, fue severamente criticada por demócratas como un intento de supresión del voto.
“Arizona es el único estado que ya exige prueba de ciudadanía para registrarse y mostrar identificación en las urnas”, recordó la senadora demócrata Analise Ortiz, quien calificó la propuesta de “un proyecto de ley de supresión del voto que debería aterrorizar a cualquiera que entienda la historia de Estados Unidos”.
Pese a las críticas, los republicanos defendieron la medida como una respuesta a la demanda de los votantes por más seguridad electoral, y aseguraron que no afectará al voto por correo, aunque no detallaron cómo los votantes postales presentarían su identificación.
Además de la reforma electoral, los legisladores republicanos aprobaron remitir a los electores una prohibición de los programas de diversidad, equidad e inclusión en todas las instituciones estatales, incluida la educación K-12 y las universidades, una propuesta redactada por el Goldwater Institute.
También votaron para que los ciudadanos decidan si se prohíbe el uso de cámaras para multar por exceso de velocidad, una vieja batalla de la senadora Wendy Rogers.
La madrugada del viernes, la Cámara aprobó enviar a la boleta la Resolución Concurrente 2048, que los republicanos llamaron “Ley de Protección de Familias Militares”, pero que los demócratas denunciaron como un intento encubierto de blindar el programa de vouchers escolares contra cualquier reforma futura.
La medida surgió tras el colapso de un acuerdo con la Asociación de Educación de Arizona, el mayor sindicato magisterial, que se había comprometido a retirar una iniciativa ciudadana que impondría restricciones al sistema de vouchers. Al fracasar el pacto, los republicanos también votaron por una enmienda que prohibiría a los distritos escolares deducir las cuotas sindicales de los salarios docentes.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Oscar De Los Santos, acusó a los republicanos de “usar a las familias militares como una herramienta política”. La tensión escaló cuando el representante republicano Neal Carter gritó a De Los Santos por supuestamente “impugnar sus motivos”, en un incidente que el demócrata describió como un intento de pelea física.
En el Senado, el presidente Warren Petersen ordenó la expulsión de un grupo de maestros de la galería pública, alegando desorden en una audiencia.
La sesión legislativa de 2026, que comenzó el 12 de enero, estableció un récord con 2,190 proyectos presentados. Hasta el viernes, la gobernadora Hobbs había promulgado 125 leyes y vetado 63, la mayoría de patrocinio republicano.
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Solo cinco proyectos demócratas llegaron a su escritorio, un reflejo del férreo control republicano sobre el proceso. La representante demócrata Alma Hernández, de Tucson, criticó que su partido aceptara el presupuesto sin garantías de que la sesión terminaría, y lamentó que las resoluciones “hacen la boleta cada vez más larga y larga. Nos lo hicimos a nosotros mismos”.
Los republicanos también aprobaron la Resolución Concurrente 1004, que pide a los votantes prohibir las cámaras de semáforo, y la SCR 1032, que exige a los distritos escolares grandes gastar al menos el 60% de su presupuesto operativo en “gastos directos de instrucción”.
La sesión concluyó a las 4:45 de la madrugada del sábado en la Cámara, horas después de que el Senado levantara la suya. En noviembre, los arizonenses decidirán si convierten en mandato constitucional un paquete de reformas que, para sus impulsores, fortalece la integridad electoral y la transparencia, y para sus detractores, restringe derechos y elude el contrapeso del Ejecutivo.
