El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) es liderado por el multimillonario Elon Musk. Foto: Cortesía / @elonmusk
Un juez federal en el Distrito de Columbia determinó que empleados temporales bajo el mando del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del gobierno de Trump, incluyendo al multimillonario y principal donante de su campaña, Elon Musk, podrán seguir accediendo a datos de agencias federales. La decisión, emitida por la jueza Tanya Chutkan, representa un revés para los fiscales generales de 14 estados que demandaron a Trump, Musk y al Servicio DOGE por violaciones constitucionales.
Los demandantes argumentaron que Musk ha sido dotado de un poder desmesurado sin la debida supervisión del Congreso. “Aunque ocupa un rol creado por Trump y no por el Congreso, y sin haber sido confirmado por el Senado, Musk ejerce poderes de un ‘Funcionario de los Estados Unidos’”, señala la demanda presentada por fiscales de Nuevo México, Arizona y Michigan, con el respaldo de otros once estados.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), creado por orden ejecutiva de Trump, no es una agencia oficial. Sin embargo, ha permitido a Musk y su equipo acceder a archivos federales, despedir trabajadores gubernamentales y desmantelar contratos públicos bajo el pretexto de modernizar la tecnología del Estado.
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Elon Musk, ferviente promotor de DOGE durante la campaña de Trump, ha presumido en redes sociales su papel en la “reducción” del gobierno. “Pasamos el fin de semana alimentando a USAID en la trituradora de madera”, publicó en X el 3 de febrero, tras forzar el acceso a los sistemas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Trump y Musk defendieron el proyecto en una conferencia en la Casa Blanca el 11 de febrero. Sin embargo, la administración de Trump presentó una declaración ante el tribunal afirmando que Musk “no es un empleado del Servicio DOGE” y que solo actúa como “asesor especial del presidente”. Pese a esto, documentos judiciales revelan que Musk ha intervenido directamente en decisiones gubernamentales y ostenta contratos con el gobierno por más de $15 mil millones.
La jueza Chutkan reconoció que los demandantes plantearon “serias implicaciones constitucionales” y cuestionó la legalidad de las acciones del Servicio DOGE. Sin embargo, determinó que no había pruebas suficientes de “daño inminente e irreparable” para justificar una orden de restricción inmediata.
La demanda contra DOGE se suma a decenas de litigios que desafían las políticas de Donald Trump, incluyendo despidos masivos y el congelamiento de fondos federales. Según el foro Just Security, al menos 75 demandas están en curso desde la toma de posesión de Trump.
El creciente control de Musk sobre el gobierno plantea preguntas sobre el límite entre el poder empresarial y el gubernamental. Con una fortuna de $379 mil millones y un papel clave en la campaña de Trump con donaciones por $288 millones, Musk se encuentra en el epicentro de una de las mayores controversias legales de la administración.
A pesar de la decisión de la jueza Chutkan, el debate sobre la legalidad y ética del poder de Musk en el gobierno está lejos de resolverse. La batalla judicial podría redefinir los límites del poder ejecutivo y la influencia de los magnates en la administración pública.
