El pasado jueves, el presidente Donald Trump dio un mensaje a la nación en el que mencionó el proceso electoral de 2020 y volvió a mencionar fraude. CORTESIA: The White House / Facebook
El presidente Donald Trump reabrió este jueves el debate sobre la seguridad electoral en Estados Unidos al anunciar la desclasificación de documentos de inteligencia que, según afirmó, evidencian vulnerabilidades en los sistemas electorales y actividades de actores extranjeros durante el proceso de 2020.
Sin embargo, la información difundida por la propia Casa Blanca no aporta pruebas de que los votos hayan sido alterados o de que la elección ganada por Joe Biden hubiera sido robada, como Trump ha sostenido durante años sin que esas afirmaciones prosperaran en los tribunales ni fueran respaldadas por las autoridades electorales.
Durante un mensaje de aproximadamente 25 minutos desde la Casa Blanca, Trump aseguró que los documentos revelan intentos de China por acceder a bases de datos de registro de votantes y reiteró preocupaciones sobre los riesgos asociados con las máquinas de votación electrónica.
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Además, instruyó al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), a la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI) y a otras dependencias federales investigar por qué esa información supuestamente no le fue presentada durante su primer mandato.
El mandatario sostuvo que la documentación demuestra el que calificó como “el mayor compromiso de datos electorales de la historia”.
No obstante, los documentos divulgados muestran principalmente debates internos entre analistas de inteligencia sobre la interpretación de actividades de influencia extranjera, más que evidencia de manipulación de votos, alteración de resultados o fraude electoral.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el propio paquete documental incluye referencias a la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia elaborada al término del primer mandato de Trump, la cual concluyó con “alta confianza” que China no emprendió una campaña amplia para influir en el resultado de la elección presidencial de 2020.
Esa conclusión representó el consenso de la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y otras dependencias federales.
Los documentos sí muestran la existencia de un desacuerdo interno, como que un alto funcionario de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia consideró que Pekín pudo haber realizado algunas acciones para afectar las posibilidades de reelección de Trump.
Sin embargo, otros analistas respondieron por escrito que esa interpretación no reflejaba el consenso de las agencias especializadas en China y debía mantenerse como una opinión disidente.
La interferencia rusa
Paradójicamente, otro de los antecedentes oficiales relacionados con la elección de 2020 señala que fue Rusia, y no China, el país que desarrolló la operación de influencia extranjera más significativa en redes sociales y medios digitales.
La evaluación de inteligencia publicada en 2021 concluyó que el gobierno ruso impulsó campañas destinadas a debilitar la candidatura de Joe Biden y favorecer políticamente a Donald Trump, aunque tampoco encontró evidencia de manipulación de votos o alteración de los sistemas de conteo.
Especialistas en ciberseguridad han señalado durante años que los registros de votantes, las bases de datos estatales y algunos componentes tecnológicos del sistema electoral estadounidense presentan vulnerabilidades susceptibles de ser exploradas por actores extranjeros.
Sin embargo, esas advertencias han distinguido consistentemente entre intentos de espionaje o reconocimiento digital y la modificación efectiva de resultados electorales.
La nueva ofensiva política ocurre mientras Trump continúa promoviendo la aprobación del SAVE Act, una iniciativa que endurecería los requisitos para registrarse como votante mediante la obligación de presentar prueba documental de ciudadanía estadounidense.
Sus defensores argumentan que fortalecería la confianza en las elecciones; sus críticos sostienen que podría dificultar el acceso al voto de millones de ciudadanos que no cuentan de manera inmediata con esos documentos.
Sembrando la desconfianza
Diversos analistas políticos han observado que el discurso presidencial vuelve a colocar el tema del fraude electoral en el centro del debate nacional, una estrategia que recuerda el ambiente previo a las elecciones de 2020.
En aquella ocasión, antes incluso de que se emitiera un solo voto, Trump advirtió reiteradamente que la única manera de perder sería mediante fraude, afirmaciones que posteriormente fueron examinadas en decenas de procesos judiciales sin modificar el resultado de la elección presidencial.
El propio Departamento de Justicia, administraciones electorales estatales, jueces federales y estatales, así como funcionarios republicanos y demócratas responsables de organizar los comicios, concluyeron en los años posteriores que no existía evidencia de un fraude generalizado capaz de cambiar el resultado nacional; pese a ello, las dudas sobre la integridad electoral continúan ocupando un lugar central en el discurso político del presidente.
¿Y qué pasará con China?
Otra circunstancia que llamó la atención es que, pese a centrar buena parte de su mensaje en presuntas actividades de China relacionadas con la seguridad electoral, Trump no anunció sanciones económicas, medidas diplomáticas, acciones judiciales ni nuevas restricciones contra el gobierno de Pekín o funcionarios chinos.
El anuncio se limitó a informar que las autoridades federales notificarán a los estados cuyos registros electorales, según los documentos desclasificados, habrían sido objeto de accesos por actores vinculados a China.
La ausencia de medidas concretas contrastó con la gravedad de las acusaciones expuestas durante el discurso. Aunque el presidente afirmó que China llevó a cabo lo que describió como “el mayor compromiso de datos electorales de la historia”, la presentación no incluyó un paquete de respuestas gubernamentales proporcional a esa afirmación ni detalló eventuales consecuencias diplomáticas o comerciales para Pekín.
En su mensaje, Trump también afirmó que China habría financiado contenidos periodísticos críticos hacia su administración y que integrantes del denominado “Estado profundo” ocultaron información relevante.
Sin embargo, durante la presentación no fueron exhibidas pruebas públicas que sustentaran específicamente esas acusaciones, las cuales previsiblemente serán objeto de revisión por especialistas y por el propio Congreso.
Otra circunstancia que diversos observadores consideran llamativa es que, pese a dirigir nuevamente sus principales señalamientos hacia China, el anuncio presidencial no estuvo acompañado por la presentación de sanciones económicas, acciones diplomáticas o nuevas medidas de política exterior dirigidas contra Pekín.
Hasta el cierre de esta edición, la Casa Blanca únicamente informó que notificaría a los estados cuyos registros electorales habrían sido objeto de accesos por parte de actores chinos.
El episodio también contrasta con la evolución reciente de la relación entre Washington y Pekín, pues aunque Trump ha mantenido un discurso severo respecto de China en distintos momentos de su trayectoria política, sus reuniones con el presidente Xi Jinping han mostrado periodos de cooperación y reconocimiento mutuo en diversos temas de política internacional, lo que ha generado interpretaciones encontradas entre analistas sobre el alcance práctico de su confrontación con el gobierno chino.
No hay votos para el SAVE Act
Mientras tanto, el futuro del SAVE Act permanece incierto. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ha reconocido públicamente que actualmente no existen los votos suficientes para aprobar la iniciativa, aunque legisladores del ala más cercana al movimiento MAGA continúan impulsando mecanismos parlamentarios para intentar convertirla en ley.
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Con la desclasificación de los documentos, el debate sobre la seguridad electoral vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda política estadounidense a poco más de dos años de las próximas elecciones presidenciales.
Al mismo tiempo, el contenido divulgado confirma que persisten diferencias de interpretación dentro de la propia comunidad de inteligencia, pero no modifica las conclusiones oficiales emitidas tras los comicios de 2020 respecto a la inexistencia de evidencia de manipulación de votos o alteración del resultado electoral.
