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Juez devuelve control electoral a Justin Heap en Maricopa

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Justin Heap presentó una demanda en junio de 2025 para recuperar atribuciones, por lo que un juez dio un fallo a favor y recuperó el control de la organización de las elecciones. Foto: Prensa Arizona

El registrador republicano del Condado Maricopa, Justin Heap, obtuvo un fallo judicial que le devuelve el control sobre áreas clave de la administración electoral en Arizona.

El juez Scott Blaney dictaminó que la Junta de Supervisores actuó ilegalmente al confiscar personal y sistemas del registrador y negarse a devolverlos. 

La decisión restituye a Heap la supervisión de la votación anticipada presencial y la gestión de recursos técnicos y servidores informáticos.

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El magistrado subrayó que la afirmación de la Junta de tener autoridad plenaria sobre la administración electoral es incompatible con la ley estatal. Heap calificó el fallo como una victoria clara para el estado de derecho y para los votantes del condado.

Afirmó además que el tribunal confirmó que la Junta no puede anular la ley ni usar el financiamiento como palanca. 

La presidenta de la Junta, Kate Brophy McGee, anunció que evaluará todas las opciones, incluida una apelación expedita, aunque insistió en que siempre ha proporcionado los recursos necesarios.

El conflicto se remonta a un acuerdo negociado con el predecesor de Heap, Stephen Richer, mediante el cual se transfirieron funciones del registrador al cuerpo colegiado.

Heap demandó en junio de 2025 para recuperar esas atribuciones. Mientras tanto, el propio Richer es ahora objeto de una investigación federal revelada durante una audiencia del Comité de Asuntos Federales, Militares y Electorales de la Cámara de Representantes de Arizona.

El representante John Gillette expuso que Richer, cuando presidía la Asociación de Registradores de Condados en dos mil veintitrés, instruyó a otros funcionarios a no acatar una solicitud de registros públicos sobre las elecciones de dos mil veintidós. 

Gillette declaró que eso no es un fallo técnico sino intencional, y confirmó que el caso forma parte de una remisión penal al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia.

En paralelo, Heap enfrenta cuestionamientos por correos electrónicos que muestran su disposición a colaborar con fiscales federales en investigaciones sobre elecciones pasadas. 

La fiscal general Kris Mayes advirtió que entregar listas de votantes al gobierno federal es ilegal y le advirtió firmemente que no lo haga. 

La organización American Oversight señaló que la conducta del registrador debería hacer sonar las alarmas, pues corre el riesgo de convertir la sospecha infundada en política y arrastrar a votantes elegibles a investigaciones indebidas.

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Con la votación anticipada para las primarias programada para comenzar en dos meses, el pulso legal entre la Junta y el registrador podría prolongarse si se materializa la apelación anunciada por Brophy McGee. 

El presidente de la Junta, Mark Stewart, pidió avanzar con un enfoque unificado para ofrecer elecciones transparentes y seguras. En un año electoral crucial, la pugna por el control del proceso comicial en el mayor condado de Arizona está lejos de concluir.

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