Save Our Schools Arizona entregó más de 420,000 firmas ante la Oficina del Secretario de Estado para llevar ESA a la boleta electoral. CORTESIA: Save Our Schools Arizona
La organización Save Our Schools (SOS) Arizona entregó más de 420,000 firmas ante la Oficina del Secretario de Estado para incluir en la boleta de noviembre una iniciativa que busca imponer límites y mayor transparencia al programa de becas universales escolares del estado.
La cifra supera con creces las 256,000 rúbricas válidas requeridas y, según los impulsores, dispone de un colchón suficiente para absorber las invalidaciones que suelen acompañar a este tipo de procesos.
La medida, bautizada como “Ley de Protección Educativa”, pretende poner coto a un sistema que, según sus detractores, “desvía más de mil millones de dólares anuales de las escuelas públicas de Arizona”.
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“Estas cientos de miles de firmas representan la voluntad clara de los votantes de Arizona de imponer reformas significativas al programa de vouchers ESA, que está desviando mil millones de dólares cada año de las escuelas públicas”, declaró la organización en un comunicado.
La iniciativa propone un límite de ingreso familiar de 150,000 dólares para acceder al beneficio, la recuperación de los fondos no utilizados para destinarlos a la educación pública, la prohibición de adquirir artículos de lujo con dinero del programa y la exigencia de verificación de antecedentes dactilares para los empleados de los servicios financiados con estos recursos.
El programa de becas ESA y las críticas por falta de controles financieros
El programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA, por sus siglas en inglés), universalizado en 2022 por la Legislatura controlada por republicanos, permite que cualquier alumno de K-12 reciba fondos públicos para pagar colegiaturas privadas, tutorías o materiales educativos.
Según el Departamento de Educación de Arizona, actualmente atiende a más de 112,000 estudiantes con erogaciones que superan los 1,100 millones de dólares al año.
Los críticos del programa han señalado reiteradamente la falta de controles: la Oficina del Auditor General ha documentado pagos duplicados y desembolsos a no residentes, y este mismo año se obtuvo la primera condena penal por fraude, cuando una mujer fue sentenciada a restituir más de 28,000 dólares tras haber seguido cobrando fondos después de mudarse a Texas.
La Resolución Concurrente 2048 y la disputa legal en la legislatura
La iniciativa, de ser aprobada en noviembre, competiría con una remisión legislativa republicana que busca blindar el programa ESA en la Constitución estatal y que, según los demócratas, anularía cualquier intento de reforma.
Esa remisión, la Resolución Concurrente 2048, fue aprobada en las últimas horas del período ordinario de sesiones y enfrenta ya una demanda que cuestiona su constitucionalidad.
Un intento de alcanzar un acuerdo mediante una sesión legislativa especial fracasó esta misma semana, lo que ha dejado a ambas partes preparándose para una batalla legal.
Posturas encontradas ante la votación de la iniciativa en noviembre
“Sabemos que tenemos el colchón necesario para tener éxito, a pesar de que probablemente enfrentaremos impugnaciones judiciales significativas de intereses especiales con mucho dinero”, afirmó Beth Lewis, directora ejecutiva de Save OurSchools Arizona. En contraste, el conservador Goldwater Institute, que defiende la remisión legislativa, calificó la iniciativa ciudadana como “un ataque activista contra el emblemático programa de elección escolar del estado”.
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La portavoz de la campaña, Olivia Fierro, celebró el trabajo de los voluntarios que recolectaron las firmas en catorce semanas y anticipó que “el siguiente paso es ganar en noviembre”.
La Oficina del Secretario de Estado iniciará ahora el proceso de validación, mientras ambos bandos afilan sus estrategias legales.
