La exabogada de la campaña de Donald Trump, Jenna Ellis, ha llegado a un acuerdo para cooperar con los fiscales de Arizona en su caso contra los electores falsos del Partido Republicano del estado, quienes intentaron mantener a Trump en el cargo a pesar de que perdió la elección. CORTESIA: Jenna Ellis / Facebook
La acusada Jenna Ellis coopera en el caso de Electores Falsos
La personalidad conservadora de los medios y exabogada de la campaña de Donald Trump, Jenna Ellis, ha llegado a un acuerdo para cooperar con los fiscales de Arizona en su caso contra los electores falsos del Partido Republicano del estado, quienes intentaron mantener a Trump en el cargo a pesar de que perdió la elección.
Ellis, quien fue censurada en Colorado el año pasado por hacer declaraciones falsas sobre las elecciones de 2020 y quien se declaró culpable en octubre de un cargo grave en Georgia por sus intentos de anular los resultados electorales, firmó el acuerdo el lunes por la mañana, según informó la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes.
A cambio de su cooperación, la fiscalía ha acordado retirar los cargos contra Ellis.
“Este acuerdo representa un avance significativo en nuestro caso”, dijo Mayes en un comunicado.
Ellis había sido previamente acusada de nueve delitos graves, incluyendo fraude, falsificación y conspiración, por su papel en el esquema de electores falsos de Arizona en 2020 para mantener a Trump en la Casa Blanca.
Sus acciones en el caso de Arizona reflejan las que hizo en Georgia, donde también llegó a un acuerdo de culpabilidad y aceptó cooperar con la fiscalía.
Aun así, en una declaración de sus abogados, Ellis continuó afirmando que no estuvo involucrada en el esquema de electores falsos en Arizona.
En la acusación del 23 de abril en el caso de Arizona, todos los 11 electores falsos fueron implicados en un intento de engañar “al público con falsas afirmaciones de fraude electoral para evitar la transferencia legal de la presidencia”.
Los electores falsos están acusados de intentar mantener “al presidente Donald J. Trump en el cargo en contra de la voluntad de los votantes de Arizona, y de privar a los votantes de Arizona de su derecho a votar y que sus votos sean contados”.
El grupo, que incluye a dos senadores estatales de Arizona que también fueron delegados en la Convención Nacional Republicana de este año, también está acusado de presionar a la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, a la legislatura estatal y al entonces gobernador Doug Ducey para cambiar los resultados.
Los electores falsos también están acusados de intentar engañar a los arizonenses haciéndoles creer que sus votos fraudulentos dependían de un resultado exitoso en el desafío de Trump a los resultados electorales de 2020, cuando en realidad estaban tratando de instar al vicepresidente Mike Pence a rechazar los votos para Biden el 6 de enero de 2021.
Según la acusación, los acusados en Ariozna falsificaron certificados de votos del Colegio Electoral para el entonces presidente Trump y Pence.
Ellis expresó arrepentimiento en un tribunal de Georgia el pasado octubre, después de declararse culpable de hacer declaraciones falsas sobre un fraude electoral generalizado en una audiencia legislativa de Georgia varias semanas después de las elecciones de 2020.
Posteriormente, fue sentenciada a cinco años de libertad condicional, ordenada a pagar $5,000 en restitución y realizar 100 horas de servicio comunitario por un cargo grave de ayudar e incitar a declaraciones falsas por escrito.
Durante la audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Georgia el 3 de diciembre de 2020, Ellis estuvo acompañada por los abogados de la campaña de Trump, Rudy Giuliani (quien también fue acusado en el caso de electores falsos de Arizona) y Ray Smith, donde hicieron declaraciones falsas afirmando que se contaron casi 100,000 boletas fraudulentas en Georgia, que 2,506 delincuentes convictos votaron ilegalmente y que más de 66,000 georgianos menores de edad emitieron votos en las elecciones de 2020.
En ese momento, los fiscales de Georgia dijeron que las falsas afirmaciones de fraude electoral eran un intento de la campaña de Trump para convencer a la Asamblea General de Georgia de ignorar el proceso legítimo de certificación electoral y declarar a Trump el ganador legítimo basándose en los votos de una lista falsa de electores republicanos.
Ellis se disculpó por representar a la campaña de Trump en el intento de persuadir a los legisladores estatales en Georgia y varios otros estados, incluyendo Arizona, con argumentos legales defectuosos para desafiar los resultados de las elecciones.
“Confié en otros, incluyendo abogados con muchos más años de experiencia que yo, para que me proporcionaran información veraz y confiable, especialmente ya que mi rol involucraba hablar con los medios y con legisladores en varios estados”, dijo la abogada de de 38 años.
En Georgia, Ellis fue sentenciada a través de la Ley del Primer Ofensor del estado, que permite que su condena sea sellada de los registros judiciales si completa con éxito los términos de la libertad condicional y coopera plenamente con los fiscales. Ellis tuvo que entregar todas las pruebas relacionadas con el caso y testificar con veracidad como testigo del estado en los juicios de los demás coacusados.
Los 11 electores falsos de Arizona que aún enfrentan cargos criminales son:
Kelli Ward, ex presidenta del AZGOP; Senador de Arizona Jake Hoffman, líder del Arizona Freedom Caucus; Senador de Arizona Anthony Kern, miembro del Arizona Freedom Caucus; Tyler Bowyer, CEO de Turning Point USA; Michael Ward, esposo de Kelli Ward y Nancy Cottle, una republicana activa en la política local durante una década
Igualmente: James Lamon, candidato fallido al Senado de EE. UU. en 2022; Robert Montgomery, ex presidente del Comité Republicano del Condado de Cochise; Samuel Moorhead, ex presidente del Partido Republicano del Condado de Gila; Lorraine Pellegrino, ex presidenta de las Mujeres Republicanas de Ahwatukee y Gregory Safsten, ex director ejecutivo del AZGOP.
Varios de los electores falsos, incluyendo a Hoffman, Kern, Ward y Bowyer, han continuado difundiendo la infundada afirmación de que las elecciones de 2020 fueron robadas a Trump, aunque no ha surgido ninguna evidencia que lo respalde.
Hoffman envió una carta a Pence el 5 de enero de 2021, pidiéndole que retrasara la certificación de los resultados electorales y consultara con la Legislatura de Arizona para determinar qué lista de electores presidenciales utilizar.
