“Estos recursos pertenecen al pueblo de Arizona”, dice la titular de la Fiscalía de Arizona, Kris Mayes. Foto: Cortesía / Fiscalía de Arizona
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, alzó la voz en contra de la decisión de la administración del expresidente Donald Trump de pausar la distribución de fondos federales críticos, calificando la medida como un ataque directo al bienestar de las comunidades más vulnerables y tras un fallo emitido por el juez federal John McConnell, que ordenó la liberación inmediata de los fondos bloqueados, reafirmó su compromiso de luchar por los derechos de los arizonenses afectados.
“Estos fondos pertenecen por ley al pueblo de Arizona”, declaró Mayes en un comunicado reciente. “Trump puede intentar cualquier táctica para evadir la Constitución, pero yo estaré ahí para detenerlo. Insto a los arizonenses que enfrenten dificultades para acceder a estos fondos a que se comuniquen con mi oficina”.
La fiscal general de Arizona también destacó que la congelación afecta de manera desproporcionada a los programas esenciales que mantienen a las comunidades funcionando. Entre estos, mencionó iniciativas de salud, seguridad pública, educación y asistencia alimentaria, que son fundamentales para garantizar una vida digna a millones de personas en el estado.
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El juez McConnell dictaminó que la administración Trump no había cumplido plenamente con una orden judicial previa para descongelar fondos federales. Según el fallo, la pausa en la distribución de recursos continúa causando un daño irreparable en áreas críticas.
El juez señaló que el intento de justificar la congelación bajo el argumento de alinear los fondos con la agenda presidencial carece de fundamento constitucional. “La congelación amplia y categórica de fondos es, como encontró este tribunal, probablemente inconstitucional y ha causado—y sigue causando—un daño irreparable a una vasta porción de este país”, escribió McConnell.
La decisión de pausar los fondos afecta profundamente a Arizona, donde programas esenciales enfrentan un riesgo inminente:
Asistencia alimentaria: Más de 460,000 hogares arizonenses dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), mientras que casi un millón de niños reciben comidas escolares financiadas por el gobierno federal.
Educación infantil: El programa Head Start, que beneficia a más de 15,000 niños de bajos ingresos en Arizona, podría verse paralizado.
Vivienda asequible: Miles de familias en Phoenix y otras áreas dependen de subsidios federales para pagar el alquiler.
Atención médica rural: Hospitales y clínicas en áreas rurales están en peligro de cerrar, dejando a miles sin acceso a servicios de emergencia.
Una lucha colectiva
Mayes se unió a una coalición de fiscales generales de 22 estados para presentar una demanda contra la administración Trump, buscando detener los recortes y garantizar la distribución inmediata de los fondos. La coalición argumenta que las interrupciones en los recursos han puesto en peligro la seguridad, la salud y el bienestar de millones de ciudadanos.
“Sin estos fondos, programas vitales colapsarán, afectando a las familias que más los necesitan”, subrayó Mayes.
Aunque el fallo del juez McConnell ordena la liberación inmediata de los recursos, la administración Trump podría apelar, lo que extendería la incertidumbre sobre el destino de los fondos. Mayes, sin embargo, reafirma su compromiso de proteger a los arizonenses.
“Esto no es solo un problema de Arizona, es un llamado a la justicia en todo el país”, concluyó la fiscal general, quien lidera los esfuerzos para garantizar que los fondos lleguen a sus destinatarios y que el bienestar de las comunidades esté por encima de los intereses políticos.
