El Senado de Arizona aprobó este jueves 27 de febrero la ley SB-1164, conocida como ICE Act que obligará a policías a colaborar con ICE. Foto: Cortesía / PXHPD
El Senado de Arizona, con el respaldo total de la bancada republicana, aprobó el llamado AZ ICE Act (SB 1164), una propuesta de ley que busca obligar a todas las entidades gubernamentales del estado a colaborar activamente con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias, alineándose directamente con las políticas del presidente Donald Trump.
La iniciativa, impulsada por el presidente del Senado, Warren Petersen, prohíbe que ciudades, condados o cualquier otra entidad estatal adopten políticas que limiten o impidan la cooperación con agentes de inmigración. En caso de que alguna jurisdicción no cumpla, legisladores estatales podrán solicitar una investigación formal al Fiscal General de Arizona, lo que podría derivar en la suspensión de fondos estatales para esas comunidades.
Si bien la propuesta fue celebrada por la mayoría republicana y por organizaciones como la Asociación de Alguaciles de Arizona, la gobernadora Katie Hobbs ya ha dejado clara su postura: vetará cualquier ley que ponga en riesgo los derechos, la economía o la seguridad de los habitantes del estado.
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Hobbs ha reiterado en diversas ocasiones que las políticas migratorias deben abordarse de manera integral, con respeto a los derechos humanos y sin caer en medidas que estigmaticen o dividan a las comunidades. Además, la gobernadora ha manifestado que este tipo de propuestas extremas podrían traer repercusiones económicas negativas, al ahuyentar inversiones y afectar sectores clave como el comercio y el turismo.
“El futuro económico y social de Arizona no puede construirse sobre políticas que fomenten el miedo, la desconfianza o la persecución”, ha señalado Hobbs en declaraciones recientes.
Su postura contrasta fuertemente con la visión de los republicanos en el Senado, quienes consideran la medida como una herramienta necesaria para combatir la inmigración irregular y reforzar la seguridad pública.
El AZ ICE Act incluye disposiciones específicas para que los alguaciles de los condados y el Departamento de Correcciones cumplan con las solicitudes de detención de inmigrantes emitidas por las autoridades federales, evitando que cualquier persona considerada “inmigrante criminal” sea liberada sin antes ser entregada a ICE.
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Con esta legislación, las agencias locales también tendrían luz verde para firmar acuerdos 287(g), permitiendo que agentes locales actúen como oficiales migratorios.
Aunque el futuro de la propuesta aún depende de la Cámara de Representantes, el mensaje de la gobernadora es claro: cualquier ley que dañe la economía, divida comunidades o fomente la discriminación, será bloqueada desde el despacho de Katie Hobbs.
