Fiscales de Arizona, Nuevo México y Oregón han organizado foros para informar a la ciudadanía sobre las demandas contra Donald Trump. Foto: Cortesía / Facebook Attorney Kris Mayes
Los procuradores generales de Arizona, Nuevo México y Oregón han anunciado una serie de audiencias públicas para conocer el impacto de los recientes despidos federales y la congelación de fondos de DOGE. La primera de estas reuniones se llevará a cabo en Phoenix el próximo 5 de marzo, con la invitación abierta a todas las personas y organizaciones afectadas.
El foro en Phoenix se realizará el 5 de marzo a las 6 p.m. en el gimnasio de Central High School, ubicado en 4525 N Central Ave. También se recibirán declaraciones por correo electrónico a AGinfo@azag.gov con el asunto “Federal Firing and Funding Freeze Impact”.
Kris Mayes, procuradora general de Arizona, calificó los despidos y recortes como “indignantes e inaceptables”, destacando cómo estas medidas han afectado a trabajadores y comunidades en su estado.
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“Los arizonenses merecen ser escuchados. Estos despidos y la congelación de fondos están afectando empleos, servicios esenciales y la estabilidad de muchos hogares”, afirmó.
Por su parte, Dan Rayfield, procurador general de Oregón, subrayó que la crisis ha generado una gran incertidumbre. “La falta de trabajadores está interrumpiendo servicios críticos. No es justo y estamos haciendo todo lo posible para brindar apoyo y estabilidad a los ciudadanos”, señaló.
Las audiencias comunitarias permitirán a ciudadanos, ex empleados federales, líderes locales y organizaciones compartir testimonios sobre cómo estas decisiones han afectado su vida cotidiana. Los asistentes podrán ofrecer declaraciones de hasta tres minutos o presentar testimonios por escrito.
Con este esfuerzo, los procuradores buscan visibilizar los efectos de estas medidas y brindar respuestas a las comunidades afectadas.
Donald Trump ordena más despidos masivos
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su estrategia para reducir la fuerza laboral federal al ordenar a las agencias gubernamentales que presenten planes de despidos a gran escala antes del 13 de marzo. La medida, detallada en un memorando emitido por la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) y la Oficina de Administración de Personal (OPM), busca eliminar funciones no obligatorias por ley y optimizar la eficiencia en aquellas que sí lo son.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha impulsado recortes en el gobierno federal, pero hasta ahora, los despidos se habían centrado en empleados en período de prueba, es decir, aquellos con uno o dos años en el puesto. Sin embargo, la nueva orden amplía el alcance de los despidos, afectando a una mayor cantidad de trabajadores en diversas agencias.
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El memorando insta a los organismos a enfocarse en la “máxima eliminación de funciones no requeridas por la ley” y en garantizar que los servicios esenciales se presten de manera más eficiente. Aunque la administración argumenta que este plan busca reducir costos y mejorar la calidad del servicio público, la decisión ha generado preocupación entre los empleados federales, quienes temen despidos masivos sin una estrategia clara de reubicación o compensación.
A medida que se acerca la fecha límite para la presentación de estos planes, el impacto de esta medida podría afectar una amplia gama de servicios gubernamentales, desde la seguridad social hasta la administración de recursos naturales. Mientras tanto, sindicatos y grupos de empleados federales han comenzado a expresar su rechazo, argumentando que esta política pone en riesgo la estabilidad laboral y la calidad de los servicios públicos.
Con esta nueva acción, Trump reafirma su intención de reestructurar drásticamente el gobierno federal, dejando a miles de empleados en la incertidumbre sobre su futuro laboral.
