La gobernadora Katie Hobbs firmó el presupuesto bipartidista a escaso casi sobre el límite y apenas a tiempo para evitar un desastroso cierre de gobierno. Foto: Cortesía / Arizona Governor’s Office
En una decisión que evitó por muy poco un colapso gubernamental, la gobernadora Katie Hobbs firmó el presupuesto estatal de $17,600 millones; este acuerdo, aprobado con votaciones bipartidistas de 41-15 en la Cámara y 21-8 en el Senado, culminó cinco meses de negociaciones caóticas entre legisladores republicanos y demócratas.
El proceso estuvo marcado por vetos, contrapropuestas y una obstrucción legislativa que tensionó al máximo el sistema político de Arizona.
El pulso político iniciado el 13 de enero se fracturó en mayo cuando republicanos de la Cámara abandonaron las negociaciones con Hobbs y el Senado y presentaron un presupuesto alternativo de $17,300 millones cargado de prioridades conservadoras, que la gobernadora vetó de inmediato.
Te puede interesar: Al borde del cierre de gobierno: Katie Hobbs veta presupuesto ‘irresponsable’ y ‘partidista’
La crisis escaló cuando la Cámara se negó a votar el plan bipartidista pactado por Hobbs y líderes republicanos del Senado, etiquetándolo despectivamente como “presupuesto de Hobbs”.
Tras semanas de estancamiento, la Cámara aprobó el jueves por la noche el texto original con enmiendas mínimas que incluyeron $2.3 millones adicionales para bomberos, nuevos requisitos de informes para el Departamento de Seguridad Económica y la aceleración de la ampliación de la autopista I-10.
El senador republicano John Kavanagh, negociador clave, destacó la ironía al señalar: “Es esencialmente el mismo presupuesto que rechazaron hace una semana”.
Por su parte, el presidente del Senado, Warren Petersen, tachó las tácticas dilatorias de “juego de manos” y afirmó que la sesión “debió terminar hace meses”.
El núcleo del “Presupuesto de la Promesa”
El plan fiscal, bautizado por Hobbs como “Presupuesto de la Promesa de Arizona”, integra avances en áreas críticas. En seguridad y frontera, destaca subidas salariales del 5% para policías estatales, $8 millones para la iniciativa SAFE contra narcotráfico y tráfico humano, y $1.6 millones al Fondo Antitrata de Personas del Departamento de Seguridad Pública.
En educación, el presupuesto realiza inversiones transformadoras con $54 millones para el Programa Arizona Promise, la mayor asignación histórica en becas universitarias que cubren matrícula y cuotas completas para estudiantes de bajos ingresos en universidades públicas.
Este programa exige requisitos clave como residencia en Arizona, GPA mínimo de 2.5, elegibilidad para la Beca Pell Federal y matrícula a tiempo completo. Además, se asignan $297 millones para construir nuevas escuelas K-12 y modernizar instalaciones existentes, junto con $3 millones para el primer Programa Promesa de Colegios Comunitarios enfocado en estudiantes de clase trabajadora.
La inversión social incluye la eliminación de copagos en comidas escolares reducidas, beneficiando 10 millones de raciones para niños, $16.5 millones para prevención de desalojos y operación de albergues juveniles, y $100,000 para integrar medicina tradicional tribal en servicios de Medicaid, atrayendo $200 millones en fondos federales.
En medio ambiente y salud, se implementan aumentos del 15% para bomberos forestales, $30 millones al Fondo de Supresión de Incendios Forestales, y $3 millones para litigios que defiendan los derechos de Arizona sobre el Río Colorado.
La asignación récord de $54 millones al programa estrella de becas representa un salto histórico en acceso educativo.
Según la Junta de Regentes de Arizona, este mecanismo garantiza cobertura total de matrícula y cuotas tras aplicar otras ayudas, por hasta ocho semestres y beneficia específicamente a residentes del estado con GPA mínimo de 2.5 en secundaria, estudiantes elegibles para la Beca Pell Federal asignada a familias con ingresos bajo $60,000, y matriculados a tiempo completo en ASU, NAU o UA.
A diferencia de programas similares como el Obama Scholars de ASU —que cubre parcialmente alojamiento solo el primer año—, el Arizona Promise se centra exclusivamente en costos académicos; su implementación escalonada comenzó en 2021 con 3,700 beneficiarios, proyectando ampliarse a 15,000 estudiantes para 2026.
Críticas y exclusiones en el acuerdo
Pese al carácter bipartidista, el proceso dejó heridas abiertas. Legisladores nativos americanos como la senadora Theresa Hatathlie de la Nación Navajo denunciaron su exclusión en las negociaciones. “Ninguno de nosotros fue consultado. Esto es una falta de respeto”, declaró.
El presupuesto solo asignó $100,000 a prácticas de sanación tradicional, omitiendo inversiones sustanciales en comunidades tribales que ocupan 27% del territorio estatal.
El ala MAGA conocida como “Freedom Caucu”s intentó bloquear el acuerdo con enmiendas y tácticas obstruccionistas, causando ansiedad pública ante un posible cierre gubernamental. Hatathlie exigió a estos legisladores: “Arréglense. Dejen de insultar y actúen como adultos”.
Demócratas como la líder minoritaria del Senado, Priya Sundareshan y la representanta Lydia Hernandez, rechazaron el paquete por los $24 millones destinados a seguridad fronteriza sin supervisión, advirtiendo que financiarían deportaciones “agresivas” de la administración Trump.
También criticaron la falta de controles al programa de vales escolares universales, una demanda ignorada durante las negociaciones.
Hobbs celebró el acuerdo como un modelo de cooperación: “Mostramos a Arizona lo posible cuando trabajamos juntos”. Entre los logros concretos destacan subidas salariales para cuerpos de seguridad y bomberos, eliminación de barreras nutricionales para niños vulnerables, y protección para víctimas de violencia doméstica.
Sin embargo, persisten desafíos estructurales. El presupuesto enfrenta límites operativos al no cubrir libros, transporte o alojamiento, mientras exige completar 24 créditos anuales para renovarse, una presión que podría afectar a estudiantes con empleos.
Los fondos para seguridad fronteriza carecen de mecanismos de transparencia exigidos por legisladores demócratas y el programa de vales escolares sigue sin auditorías de gasto que garanticen su uso adecuado.
Una tregua frágil
Arizona evitó el colapso institucional, pero el camino reveló fisuras profundas en su gobernabilidad. Como sintetizó la senadora Sundareshan: “El teatro político mostró lo desastroso que es cuando el poder rechaza la realidad”. El presupuesto asegura estabilidad inmediata, pero la sombra de las elecciones de 2026 y la polarización creciente cuestionan su sostenibilidad.
La promesa de educación accesible brilla como legado potencial de esta administración, pero su éxito dependerá de cerrar brechas históricas en comunidades tribales y transformar la retórica bipartidista en acción inclusiva.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
Mientras las agencias estatales desactivan sus planes de contingencia, Arizona enfrenta una nueva normalidad: gobernar en el filo de la navaja partidista, donde cada acuerdo es una batalla y cada victoria, un armisticio temporal.
La implementación del Programa Arizona Promise abrirá su próxima convocatoria en agosto de 2025, ofreciendo la prueba tangible de que las promesas legislativas pueden convertirse en oportunidades reales para miles de familias y este será el verdadero termómetro del éxito del presupuesto que salvó a Arizona del abismo.
