Un juez federal declaró ilegal el despido de la fiscal Maurene Comey, mientras que un gran jurado en Washington rechazó este martes 27 la solicitud del Departamento de Justicia para imputar a Cassidy Hutchinson; al mismo tiempo, la administración de Donald Trump presentó un tercer proceso penal contra James Comey, en una ofensiva que críticos describen como represalia política desde la cúpula del poder judicial estadounidense.
El juez Jesse Furman, del Distrito Sur de Nueva York, concluyó que el despido de Maurene Comey en julio de 2025 violó las protecciones legales de los fiscales de carrera; ordenó su restitución retroactiva hasta diciembre de ese año para que reciba salarios atrasados y beneficios de jubilación, y el Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión “a su debido tiempo”.
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La fiscal, hija del exdirector del FBI James Comey, había alegado que fue separada del cargo por su parentesco y sus supuestas inclinaciones políticas, en un caso que ponía a prueba los límites del poder presidencial para remover funcionarios federales.
Gran jurado rechaza imputación
Igualmente, un gran jurado federal en Washington emitió un “no true bill” y se negó a respaldar la acusación que los fiscales preparaban contra Cassidy Hutchinson por su testimonio ante el comité legislativo que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la decisión constituye un revés extraordinario para la campaña de Trump contra sus adversarios políticos.
Legisladores republicanos habían remitido el caso al Departamento de Justicia, y algunos fiscales dudaban de que hubiera pruebas suficientes para una condena, según reportes periodísticos.
Nueva ofensiva procesal
La ofensiva contra James Comey suma ya tres frentes: una acusación por mentir al Congreso que fue desestimada por un juez al considerar ilegal el nombramiento del fiscal, un proceso en Carolina del Norte por una publicación en redes sociales con conchas marinas que formaban “86 47”, y los nuevos cargos por presunta divulgación de información de defensa nacional a un periodista en 2016.
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Comey calificó el tercer intento como “un abuso vergonzoso del Departamento de Justicia”. Sus abogados sostienen que los cargos prescribieron y que la vía procesal elegida, una “criminal information” sin indictment de gran jurado, es legalmente inválida.
