La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y el superintendente Tom Horne se disputan 1.5 millones de fondos federales para el distrito de Kyrene de Phoenix. Foto: Cortesía / Facebook Attorney General Kris Mayes
La disputa entre el superintendente estatal Tom Horne y la fiscal general Kris Mayes por los $1.5 millones en fondos federales del distrito Kyrene de Phoenix ha convertido a Arizona en un campo de batalla nacional sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en las escuelas.
Mientras Horne amenaza con retener recursos destinados a estudiantes de bajos ingresos, Mayes denuncia la medida como “un capricho ideológico sin base legal”.
Los fondos amenazados incluyen el programa Título I, que beneficia a escuelas con alta pobreza, y capacitación docente. Kyrene, donde el 30% de sus 15,000 estudiantes vive en desventaja económica, depende de estos recursos para servicios como tutorías y alimentación.
Horne justifica su acción alineándose con una directiva federal de marzo que prohíbe considerar raza o género en contrataciones educativas, aunque tribunales han bloqueado temporalmente su aplicación hasta el 24 de abril.
Arizona se suma a 18 estados republicanos que han restringido DEI desde 2023. Bajo órdenes ejecutivas de Trump, agencias federales como el Instituto de Museos y Bibliotecas (IMLS) han cortado millones en subsidios DEI, argumentando que “promueven ideologías divisivas”. Universidades estatales, como la Universidad de Arizona, ya eliminaron menciones a DEI en sus documentos para cumplir con estas políticas, modificando incluso reconocimientos territoriales a pueblos indígenas.
¿Discriminación Inversa?
Horne, quien califica las DEI como “discriminación racial inversa”, ignora datos clave: en Arizona, el 56% de estudiantes latinos asiste a escuelas de alta pobreza, frente al 18% de blancos. Estudios muestran que programas DEI aumentan la retención de maestros en zonas marginadas en un 25%.
Sin embargo, Horne insiste en que “el mérito, no las cuotas”, debe guiar la educación, eco de argumentos usados en recortes a bibliotecas en California y Ohio.
La fiscal Mayes, en su defensa de Kyrene, subraya que no existe base legal para retener fondos federales asignados por el Congreso. Su postura refleja la de la ACLU, que en marzo demandó al Departamento de Educación federal por la directiva anti-DEI, logrando una pausa en su implementación.
“Ser ciego al racismo no lo elimina”, declaró Mayes, citando el impacto histórico de políticas segregacionistas en el estado.
Este conflicto ocurre en un año clave previo a las elecciones. Mientras el republicano Andy Biggs —aspirante a gobernador— promete “hacer Arizona grande nuevamente” recortando burocracia, la gobernadora Katie Hobbs podría vetar iniciativas contra el DEI, llevando la batalla a tribunales. Distritos como Tucson Unified evalúan resistir, pero el plazo del 24 de abril para certificar cumplimiento apremia.
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Si Kyrene pierde los fondos, programas de apoyo a estudiantes migrantes y capacitación en justicia restaurativa podrían suspenderse. Aunque el distrito no ha detallado alternativas de financiamiento, grupos comunitarios planean recaudar fondos privados, una solución insostenible a largo plazo.
La pelea por los $1.5 millones simboliza una guerra cultural entre dos visiones: una que busca corregir desigualdades históricas y otra que prioriza una “ceguera racial” polémica.
