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Presentan propuesta Ley AZ ICE para forzar a oficiales estatales a trabajar en temas migratorios

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La propuesta Ley AZ ICE obligaría cooperación en la aplicación de políticas migratorias en el estado de Arizona. Foto: Cortesía / Facebook ADPS

Ante preocupaciones crecientes sobre la seguridad pública derivadas de la crisis fronteriza, el presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, ha presentado la Ley de Cooperación y Aplicación de la Inmigración de Arizona (AZ ICE Act, por sus siglas en inglés). Este proyecto de ley busca garantizar la colaboración entre las fuerzas del orden locales y el gobierno federal en la implementación de las políticas migratorias de la administración Trump, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de Arizona y fortalecer la seguridad nacional, pero la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, expresó su desacuerdo.

La Ley AZ ICE (SB 1164) exige que los departamentos de los alguaciles de los condados y el Departamento de Correcciones de Arizona establezcan acuerdos bajo la sección 287(g) con el gobierno federal antes del 1 de enero de 2026. Estos acuerdos permiten que las autoridades locales ayuden a identificar y procesar a no ciudadanos detenidos por violaciones de leyes locales. Además, estipula que las fuerzas del orden cumplan con las solicitudes de detención migratoria, evitando así que inmigrantes en situación irregular con antecedentes criminales sean liberados.

El proyecto de ley surge en respuesta al aumento de la migración irregular en la frontera suroeste de Estados Unidos. Desde 2021, se han registrado más de 8.5 millones de encuentros en la frontera, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Además, se estima que 2.2 millones de personas han ingresado al país sin ser detectadas. Las autoridades han detenido a más de 57,000 individuos con órdenes de arresto, condenas penales o vínculos con organizaciones criminales y terroristas.

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Durante 2023, el estado gastó aproximadamente $3.19 mil millones para atender a 453,000 personas que residen ilegalmente en el estado, una carga significativa para los contribuyentes.

La sección 287(g), promulgada en 1996 bajo la administración Clinton, permite que las agencias locales de aplicación de la ley colaboren con el gobierno federal para llevar a cabo funciones migratorias específicas. Los oficiales locales reciben capacitación formal para garantizar el cumplimiento de estas funciones de manera adecuada y eficiente.

“El fin de la crisis fronteriza requiere un enfoque integral, esta legislación permitirá que las fuerzas del orden locales y federales trabajen juntas para proteger a nuestros ciudadanos, además de prevenir la obstrucción gubernamental. Los votantes de Arizona hablaron claro en noviembre pasado al aprobar la Ley de Seguridad Fronteriza. Quieren que se haga cumplir la ley y que nuestras comunidades sean seguras”, afirmó Petersen.

Al respecto la fiscal general de Arizona, Kris Mayes conminó a la legislatura a trabajar en los temas que realmente afectan a los arizonenses y a ofrecer mayores fondos a las agencias como la suya que combaten el tráfico de fentanilo y a los cárteles mexicanos.

“El año pasado la Legislatura republicana recortó el presupuesto del Departamento de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Arizona y es muy probable que lo vuelvan a hacer, lo que significa menos recursos para el combate y la aplicación de la ley en uno de los problemas a los que tanto se refieren”, aseveró Mayes.

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