El detonante ocurrió el pasado 6 de junio, cuando agentes de ICE realizaron redadas masivas en barrios latinos de Los Ángeles. Foto: Cortesía / @whitehouse – Governor Newsom
El despliegue de 3,000 guardias nacionales y 700 marines en las calles de Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump sin consultar al gobernador Gavin Newsom, ha desatado una crisis constitucional que amenaza los cimientos del sistema federal estadounidense. Este pulso, que combina autoritarismo, hipocresía partidista y el fantasma de la insurrección, redefine la relación entre Washington y los estados.
El detonante ocurrió el 6 de junio, cuando agentes de ICE realizaron redadas masivas en barrios latinos de Los Ángeles, deteniendo a 44 personas, dos de ellas menores, solo cinco con antecedentes penales.
Las protestas subsiguientes, calificadas por autoridades locales como “mayoritariamente pacíficas”, fueron respondidas por Trump con un movimiento sin precedentes: federalizar a la Guardia Nacional de California usando el Título 10, estatuto reservado para “rebeliones o invasiones”.
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Newsom, comandante en jefe de esa fuerza según la constitución estatal, jamás fue consultado.
Para el 10 de junio, Trump amplió el operativo con más tropas. Newsom reveló que carecían de logística básica: “¿Los primeros 2.000? Sin comida ni agua”. El costo: 134 millones de dólares por 60 días.
Hipocresía republicana
Mientras Trump tilda las protestas de “asalto a la paz” y “rebelión”, líderes republicanos olvidan su reacción al 6 de enero de 2021. Cuando el presidente alentó a quienes atacaron el Capitolio para revertir su derrota electoral en 2020, y los indultó a principios de éste año 2025 al regresar a la Casa Blanca, colocando incluso a un abogado de esos acusados como fiscal federal.
Cuando se preguntó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre esta contradicción, evadió: “Todos quieren que vuelva a litigar el 6 de enero. No voy a hacerlo”. Añadió que hay una “clara distinción” entre ambos eventos, aunque no la especificó.
El senador John Thune (líder de la mayoría republicana) también eludió la pregunta, afirmando que el problema era “el caos en Los Ángeles”.
Esta narrativa ignora que el gobierno de Trump ha comparado las protestas con una “insurrección”, el mismo término usado para el asalto al Capitolio que él mismo incitó.
California demandó al gobierno federal acusando “usurpación de poderes”. La demanda argumenta que Trump violó la Décima Enmienda al ignorar el consentimiento del gobernador, requisito legal para federalizar la Guardia Nacional .
“Permítame ser claro: no hay invasión. No hay rebelión”, declaró el fiscal general RobBonta. Subrayó que la violencia local era manejable por autoridades californianas, como en protestas anteriores. El último precedente similar data de 1965, cuando Lyndon B. Johnson envió tropas a Alabama durante la lucha por derechos civiles.
Un juez federal rechazó la medida cautelar de Newsom para bloquear inmediatamente el uso de tropas en redadas, pero programó una audiencia urgente para el 13 de junio.
Un duelo personal
Trump escaló la retórica sugiriendo el arresto de Newsom: “Yo lo haría […] Sería genial”, dijo, usando su apodo despectivo “Newscum” para el gobernador.
Newsom replicó en redes: “Arréstame. Terminemos con esto, tipo duro”, añadiendo que esto marcaba “un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.
En un discurso televisado, Newsom advirtió: “California puede ser la primera, pero no terminará aquí. Otros estados son los siguientes. La democracia es la siguiente”. Profundizó: “Lo que Donald Trump quiere es tu silencio. Tu complicidad. No se lo den”.
Trump ha probado sistemáticamente los límites del poder presidencial. En sus primeras seis semanas de mandato indultó a insurgentes del Capitolio, desmanteló agencias independientes y purgó el Departamento de Justicia.
Su estrategia, según politólogos, sigue “el manual clásico del autoritario electo” para centralizar el control.
La periodista filipina Maria Ressa, premio Nobel, reconoció el patrón: “Lo que ves es una muerte por mil cortes. Sangras tanto que, en algún momento, el cuerpo político muere”.
Expertos como Paul Pierson (Berkeley) alertan que “el nivel de agresividad no tiene precedentes” al atacar simultáneamente al Congreso, tribunales y sociedad civil.
Mientras Trump y Newsom se enfrentan, comunidades latinas viven con terror. José Armando Pérez, dueño de un negocio en Paramount (82.3% hispana), describió escenas de pánico durante las redadas iniciales.
Gobernadores demócratas han expresado apoyo discreto a Newsom, temiendo represalias federales.
“Otros gobernadores deberían defender la ley. Los estados no son peones del gobierno federal”, declaró el congresista Jamie Raskin, experto constitucional.
Trump tiene en el Despacho Oval un retrato de Andrew Jackson, presidente que desafió abiertamente a la Corte Suprema en 1832. Como entonces, Estados Unidos enfrenta una encrucijada: el 13 de junio, un juez decidirá si el uso de tropas en operativos domésticos viola la Constitución.
Mientras tanto, Trump amenazó con “fuerza muy pesada” contra protestas durante su desfile militar del 14 de junio, su cumpleaños, donde exhibirá tanques y helicópteros en Washington.
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El veredicto judicial podría definir no solo el destino de 4,700 militares en California, sino los límites del poder presidencial en la América de Trump.
En las calles de Los Ángeles, las consignas resumen el momento histórico: “Si algunos pueden ser arrancados de las calles sin orden judicial, basados en sospechas o color de piel, entonces ninguno está seguro”.
La democracia estadounidense sangra, gota a gota, bajo la sombra de los helicópteros federales.
