Las nuevas leyes firmadas por el gobernador de Arizona, Doug Ducey, podrían afectar los esfuerzos de Phoenix para impulsar la rendición de cuentas de las fuerzas del orden al limitar la forma en que las agencias gubernamentales pueden investigar los casos de mala conducta policial.
El Proyecto de Ley 2721 de la Cámara de Representantes requiere que aquellos que investigan la mala conducta de la policía tengan al menos dos tercios de sus miembros compuestos por personal policial certificado.
Estos miembros del orden público deben ser “del mismo departamento o agencia que el oficial del orden público que es objeto de la investigación o acción disciplinaria”, según el lenguaje del proyecto de ley.
El representante estatal John Kavanagh, patrocinador del proyecto de ley, sugirió a principios de este año que la HB 2721 se presentó en respuesta al establecimiento de Phoenix de su Oficina de Responsabilidad y Transparencia (OAT), que tiene como objetivo proporcionar una supervisión civil independiente del departamento de policía de la ciudad.
Cuando se creó en 2021, la oficina se encargó de monitorear o investigar el uso de la fuerza, las muertes bajo custodia y otras quejas de la comunidad que involucran a la policía de Phoenix.
La ordenanza que establece OAT excluye específicamente a los miembros de la policía o sus familiares de trabajar para la oficina de Phoenix.
Ahora los funcionarios de la ciudad están revisando cómo la legislación podría afectar las intenciones originales de Phoenix sobre cómo operará la oficina de rendición de cuentas.
El gobernador Doug Ducey firmó la HB 2721 la semana pasada después de que pasara por la Legislatura de Arizona con poco apoyo de los demócratas.
“Cuando la policía se controla a sí misma, simplemente no funciona”, dijo el senador demócrata Martin Quezada del Distrito 29 antes de votar en contra del proyecto de ley.
Quienes se oponen a la legislación argumentaron que desafía los esfuerzos recientes para reformar la forma en que las comunidades supervisan la aplicación de la ley local y evita las investigaciones independientes de mala conducta.
“Esto entra en contradicción directa con esos esfuerzos por tener una supervisión civil”, agregó Quezada. “Quita todo lo ‘civil’ de la ‘supervisión civil'”.
Los partidarios de HB 2721 han dicho que intenta que las agencias de supervisión repliquen otras juntas reguladoras que supervisan una profesión específica.
Joe Clure, de la Asociación de Policías de Arizona, dijo que las agencias o juntas que regulan la conducta de médicos, abogados o agentes inmobiliarios suelen estar compuestas en su mayoría por miembros de esas profesiones.
“Todos tienen juntas que supervisan su conducta”, dijo Clure a los legisladores durante una audiencia en el Senado. “Esas juntas están compuestas consistentemente por tres cuartas partes de practicantes y el 25% son miembros ciudadanos civiles”.
La ciudad de Phoenix figuraba como opuesta a la HB 2721 antes de que fuera firmada por el gobernador, argumentando que el proyecto de ley les quitaba el control local a las ciudades de Arizona.
Phoenix había estado intentando mejorar las relaciones de la comunidad con las fuerzas del orden después de que el Departamento de Justicia abriera una investigación sobre la policía de Phoenix en agosto pasado.
Un portavoz de la ciudad dijo esta semana que los cambios legislativos creados por HB 2721 sí afectan la ordenanza que estableció la oficina de rendición de cuentas.
“OAT está avanzando en el cumplimiento de las partes de la ordenanza de la Ciudad que no se ven afectadas por el proyecto de ley”, dijo el vocero. “Además, el liderazgo de la ciudad está evaluando el lenguaje final del proyecto de ley y su impacto en la OAT para determinar los próximos pasos apropiados”.
Phoenix aún no ha explicado cómo la OAT puede operar de manera diferente bajo los cambios legislativos.
