Kris Mayes, lidera una coalición de 21 fiscales generales que demandaron a la administración Trump por cancelar miles de millones en fondos federales. CORTESIA: Arizona Attorney General’s Office / Facebook
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, lidera una coalición histórica de 21 fiscales generales que demandaron a la administración Trump por cancelar “arbitraria e ilegalmente” miles de millones en fondos federales. La acción judicial, presentada en el tribunal federal de Massachusetts, acusa al gobierno de manipular una cláusula regulatoria de cinco palabras para desmantelar programas esenciales aprobados por el Congreso.
El conflicto gira en torno a una disposición en las regulaciones de la Oficina de Administración y Presupuesto que permite terminar subsidios si “ya no efectivizan las prioridades de la agencia”.
Históricamente usada de forma excepcional, la administración Trump la convirtió en herramienta masiva: desde enero de 2025, agencias cancelaron subsidios bajo órdenes del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
“El enfoque de tala y quema ha dejado a comunidades de Arizona recogiendo los escombros”, declaró Mayes.
En el estado, los recortes incluyeron $8 millones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para la Junta de Regentes, afectando investigación universitaria.
También eliminaron tres subsidios del Departamento de Trabajo que causaron 500 despidos en el Departamento de Seguridad Económica, cuando estos fondos apoyaban programas de reinserción laboral y asistencia alimentaria para familias vulnerables.
La demanda documenta un patrón de caos: en Maine se paralizó restauración de hábitats naturales; en Nueva Jersey, programas contra crímenes de odio; en Illinois, refugios para migrantes liberados de centros de detención. Universidades paralizaron investigaciones sobre calidad del aire vinculada a incendios forestales, cruciales para Nevada rural.
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Detrás de los recortes opera un sistema de filtrado político. Una directiva no publicada de 51 páginas, revelada en demandas previas, instruye a agencias a eliminar programas que “promuevan aborto, ideología de género o clima extremo”.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, etiquetó abiertamente programas ambientales como “lingotes de oro con fraudes”, cancelando $20,000 millones del fondo climático.
La demanda argumenta que estas acciones violan la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige justificación técnica para cambios regulatorios. Los fiscales buscan dos remedios: una sentencia que declare ilegal la interpretación expansiva de la cláusula, y la restauración inmediata de los fondos. Precedentes recientes favorecen a los estados: en junio, un juez federal bloqueó recortes a visas de estudiantes en Harvard.
Para Mayes, esto trasciende lo presupuestario: “Es un sabotaje sistémico a proyectos que salvan vidas”. Si los tribunales validan la interpretación de Trump, cualquier subsidio federal, desde becas escolares hasta investigación contra el cáncer, podría evaporarse con un cambio de humor presidencial. Comunidades como las del sur de Arizona ya pagan el precio: pozos en reservas indígenas sin mantenimiento y clínicas rurales sin equipos ante olas de calor pronosticadas 18.
La demanda define quién controla el poder de la billetera: el Congreso que asigna fondos mediante leyes, o un Ejecutivo que anula legislación por capricho. Con 21 estados movilizados, el fallo podría redefinir los límites del presidencialismo en Estados Unidos.
