El registrador del condado de Maricopa, Justin Heap, demandó a la Junta de Supervisores por intentar “tomar el control total de las elecciones”. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El registrador del condado de Maricopa, Justin Heap, demandó a la Junta de Supervisores por intentar “tomar el control total de las elecciones”. La organización conservadora America First Legal, vinculada al Presidente Trump, presentó la denuncia, acusando a los supervisores republicanos de obstruir las funciones electorales de Heap.
El conflicto se centra en dos demandas clave: Heap exige autoridad sobre el personal de tecnología que gestiona el sistema de registro de votantes y reclama acceso a áreas restringidas del centro electoral necesarias para la votación anticipada. Según él, la Junta le ha negado estos recursos esenciales desde que asumió el cargo en enero.
Los supervisores Thomas Galvin y Kate Brophy McGee calificaron la demanda de “absurda” y desmintieron las acusaciones. “Las afirmaciones de que hemos eliminado su acceso informático o recortado fondos son falsas”, declaró Galvin. Brophy McGee añadió dureza: “Esta demanda absurda es otro ejemplo del enfoque irresponsable y juvenil del registrador: primero dispara, luego apunta”.
La tensión jurídica se agrava por un detalle procedimental: la abogada del condado, Rachel Mitchell, no autorizó a America First Legal para representar a Heap. Los supervisores exigen que Mitchell “afirme su autoridad legal” frente a este presidente usurpación de poderes.
Arizona asigna legalmente a los registradores la gestión del registro de votantes y el voto anticipado, mientras los supervisores supervisan la votación el día de elecciones. Heap, quien prometió restaurar la “integridad electoral” tras tildar el sistema de “vergonzoso”, rechazó en enero el acuerdo de servicios compartidos vigente, argumentando que su predecesor y la Junta le arrebataron funciones legales.
Las negociaciones colapsaron en mayo cuando Heap presentó una propuesta con 170 cambios, exigiendo control exclusivo sobre la votación anticipada presencial y el equipo de tecnología electoral. La Junta rechazó el plan: implementarlo costaría $15 millones adicionales al presupuesto, según revelaron en una sesión pública el 19 de mayo.
