La fiscal Mayes expresó su preocupación ante lo que calificó como una violación a la confianza pública. CORTESIA: Arizona Attorney General’s Office
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, ha tomado un papel activo en dos importantes demandas federales contra acciones recientes de la administración Trump, ambas relacionadas con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS). Ambas iniciativas buscan la defensa de la privacidad, la legalidad administrativa y la estabilidad del sistema de salud pública.
La presentada el 1 de julio por una coalición de 20 fiscales generales, gira en torno a la presunta transferencia ilegal de datos personales de salud de millones de beneficiarios de Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según la denuncia, el HHS habría entregado sin autorización formal estos registros con el aparente objetivo de crear una base de datos para apoyar operativos de deportación masiva y otras acciones de control migratorio.
Desde la creación de Medicaid en 1965, la ley federal ha establecido que la información médica de los beneficiarios es confidencial y debe compartirse solo bajo circunstancias muy específicas que beneficien la salud pública o la integridad del programa. La ley prohíbe expresamente que esta información sea utilizada para fines de control migratorio.
La fiscal Mayes expresó su preocupación ante lo que calificó como una violación a la confianza pública. “El traspaso ilegal de datos privados y personales de salud de los arizonenses es inaceptable”, declaró. “Los arizonenses que acceden a los servicios de Medicaid lo hacen con la garantía de que su información será confidencial. Mientras administra AHCCCS y otros programas de salud, Arizona ha confiado en las garantías del gobierno federal de que seguiría la ley y protegería la confidencialidad. Parece que el gobierno federal ha roto su promesa”.
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El sistema de salud AHCCCS, que es la agencia de Medicaid en Arizona, cubre actualmente a más de dos millones de personas. Aproximadamente uno de cada cuatro residentes del estado recibe servicios a través de este sistema, y más del 40 por ciento de los beneficiarios son menores de edad. El programa también cubre servicios de emergencia para inmigrantes sin seguro, independientemente de su estatus migratorio.
La denuncia sostiene que el uso de esta información médica con fines ajenos al programa Medicaid podría provocar que muchas personas elegibles —especialmente inmigrantes o familias mixtas— se abstengan de inscribirse o renuncien al servicio por temor a represalias, dejando a los estados y hospitales públicos a cargo de los costos de atención médica de emergencia. El impacto, advierten los fiscales, podría traducirse en consecuencias graves para la salud de estas personas, incluso la muerte.
Se solicitó al tribunal que declare que las acciones de la administración Trump son arbitrarias, sin procedimiento adecuado y contrarias a diversas leyes federales, incluyendo la Ley de Privacidad y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA). También piden que se prohíba al HHS y al DHS compartir o utilizar esta información para propósitos migratorios.
Paralelamente, la fiscal Mayes también participó en una demanda interpuesta el pasado 5 de mayo contra un amplio plan de reestructuración del HHS anunciado por el secretario Robert F. Kennedy, Jr. El plan, que incluía la eliminación de 10,000 empleos y el cierre de agencias clave como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), fue detenido por una orden judicial preliminar emitida por la jueza Melissa R. DuBose en el Tribunal de Distrito de Rhode Island.
Según los fiscales, esta reestructuración afectaba funciones esenciales como el monitoreo de enfermedades, el cuidado infantil y la recopilación de datos sobre salud materna, y ponía en riesgo la operación de programas fundamentales como Head Start y Medicaid.
