Pese a nuevas ordenanzas, sigue escalando problemática de las personas sin hogar. Foto: Cortesía / Freepik
La crisis de las personas sin hogar sigue intensificándose en los Estados Unidos, y Arizona no es la excepción. Con un incremento en las ordenanzas que penalizan el dormir o acampar en espacios públicos, y una falta crónica de viviendas asequibles, la situación para quienes no tienen un hogar se agrava día a día.
A raíz de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio, que permite a las ciudades penalizar a las personas sin hogar por dormir al aire libre incluso cuando no hay refugios disponibles, numerosas jurisdicciones en todo el país han implementado o endurecido leyes contra el campamento y el alojamiento en espacios públicos. Según datos del Centro Nacional de Leyes sobre Personas Sin Hogar, en 2023 se aprobaron 99 ordenanzas en 26 estados que restringen estas actividades, y otras 66 estaban en trámite a finales de año.
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En Arizona, los intentos por implementar medidas similares han generado debates encendidos. En 2023, la gobernadora Katie Hobbs vetó una legislación republicana que habría criminalizado a las personas sin hogar por acampar en espacios públicos. Sin embargo, en ciudades como Phoenix, las multas por violar prohibiciones de campamento pueden alcanzar los $100, lo que supone un desafío insuperable para quienes ya enfrentan dificultades económicas.
Falta de soluciones estructurales
Los defensores de los derechos de las personas sin hogar advierten que estas medidas no abordan las causas subyacentes del problema y, en cambio, empeoran la situación. Factores como los bajos salarios, el aumento del costo de los alquileres y el acceso limitado a servicios sociales y de salud mental son algunas de las principales causas de la crisis.
“Cada nueva ley aprobada para criminalizar a las personas sin hogar no resuelve el problema. De hecho, lo empeora”, afirmó Jesse Rabinowitz, director de campañas del Centro Nacional de Leyes sobre Personas Sin Hogar.
En Arizona, la falta de viviendas asequibles es particularmente alarmante. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), la escasez de opciones de vivienda para personas de bajos ingresos ha sido un factor crucial que alimenta el aumento en la población sin hogar.
Mientras algunos estados han adoptado políticas más restrictivas, otras regiones han intentado limitar las medidas punitivas. Por ejemplo, en Missouri, la Corte Suprema estatal invalidó una ley que prohibía el campamento en propiedad pública, y en Oregon, una corte de apelaciones falló a favor de personas sin hogar que buscaban anular las ordenanzas que las penalizaban por dormir en público.
No obstante, muchas ciudades están endureciendo sus políticas tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Johnson v. City of Grants Pass, que anuló protecciones anteriores contra la criminalización del dormir al aire libre. Esto ha dado luz verde para que estados como Georgia y Tennessee implementen leyes que obligan a los gobiernos locales a prohibir el campamento en espacios públicos.
Arizona, punto de inflexión
A pesar de los desafíos, Arizona ha visto resistencia por parte de funcionarios estatales y organizaciones de derechos humanos. Hobbs ha abogado por enfoques centrados en las personas, enfatizando la necesidad de aumentar el acceso a refugios y servicios de salud mental en lugar de imponer sanciones punitivas. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes para abordar la creciente crisis.
La presión pública para resolver el problema se ha intensificado, especialmente en ciudades como Phoenix, donde los campamentos de personas sin hogar se han vuelto más visibles. Los críticos señalan que los fondos del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés), utilizados por algunas ciudades para ampliar los recursos para personas sin hogar, no han sido suficientes para satisfacer la demanda.
Mirando hacia el futuro
Con elecciones presidenciales en el horizonte, el futuro de las políticas hacia las personas sin hogar en Arizona y el resto del país permanece incierto. Donald Trump, quien busca la reelección, ha prometido implementar un enfoque más punitivo, incluyendo la creación de campamentos obligatorios para las personas sin hogar. Mientras tanto, gobernadores como Gavin Newsom en California han adoptado medidas similares al despejar campamentos sin garantizar alternativas de vivienda adecuadas.
En última instancia, la criminalización de las personas sin hogar no ofrece una solución duradera. Como expresó Marcy Thompson, vicepresidenta de Programas y Políticas de la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Hogar: “La vivienda y el acceso a recursos de salud son la única solución efectiva para abordar este problema, no las multas ni el encarcelamiento”.
