La Proposición 308 permitiría a los estudiantes, independientemente de su estado migratorio, pagar la matrícula estatal y calificar para la ayuda financiera estatal si cumplen con el requisito de graduar de una high school de Arizona o al equivalente de la escuela local durante al menos dos años y graduarse para calificar.
Al menos 19 estados ya ofrecen matrícula estatal a estudiantes indocumentados y Arizona solía hacer lo mismo hasta que los votantes aprobaron una medida electoral en 2006 para prohibirlo durante la oleada de leyes antiinmigrantes.
Los partidarios dicen que esto haría que la universidad fuera más accesible para decenas de miles de estudiantes indocumentados que crecieron en Arizona y los opositores argumentan que la matrícula estatal y la ayuda financiera estatal son beneficios que solo deberían estar disponibles para estudiantes con estatus legal.
La Prop. 308 fue remitida a la boleta electoral del 8 de noviembre por la Legislatura del Estado de Arizona y la senadora estatal Michelle Ugenti-Rita estuvo entre los republicanos que votaron en contra y dijo que es injusto brindar beneficios a los estudiantes indocumentados.
Reyna Montoya, fundadora y directora ejecutiva de la organización comunitaria Aliento, presionó para que se aprobara una legislación que incluyera la Proposición 308 en la boleta electoral.
Señaló que alrededor de 2,000 estudiantes indocumentados se gradúan de las escuelas secundarias de Arizona cada año, y el estado ya ha invertido en su educación K-12.
Montoya agregó que tener más estudiantes indocumentados que vayan a la universidad ayudará a alcanzar la meta estatal de que el 60 % de los adultos de 25 a 64 años tengan un título universitario o un certificado para 2030 y actualmente, eso representa un 46 %.
Los estudiantes actualmente pagan $85 por crédito de matrícula estatal para asistir a uno de los colegios comunitarios de Maricopa, pero para estudiantes fuera del estado es $326 por crédito.
En las tres universidades estatales, la matrícula de pregrado dentro del estado es de casi $11,000 y alrededor de $30,000 para la matrícula de pregrado fuera del estado.
Montoya argumentó que es muy difícil para los estudiantes indocumentados pagar la universidad, especialmente cuando la ayuda financiera disponible para ellos es muy limitada.
Ugenti-Rita dijo que simpatiza con los estudiantes indocumentados, pero eso no cambia su postura.
“Se me rompe el corazón al pensar en esta población y por lo que han pasado, pero eso no niega la realidad, que es que están aquí ilegalmente y hasta que eso se aborde no se resolverá el problema”, dijo.
Y tiene razón, pues el futuro de los “dreamers” sigue siendo complicado luego que un fallo de una corte federal de apelaciones de Estados Unidos no validó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de ser deportados a cientos de miles de inmigrantes que entraron ilegalmente al país siendo niños,.
Una corte federal de apelaciones descartó una apelación de la Administración Biden a un fallo de un juez federal de Texas hace un año, que declaró el programa como ilegal.
La corte de apelaciones determinó que el juez de Texas deberá dar una nueva revisión al programa después de las modificaciones hechas por el gobierno en agosto y que entrarán en vigor el 31 de octubre.
