El anuncio, respaldado por el presidente Donald Trump, fue celebrado por líderes republicanos como el presidente del Senado estatal, Warren Petersen. Foto: Cortesía / PXH PD
La decisión del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de cerrar su investigación sobre el Departamento de Policía de Phoenix y retirar hallazgos de violaciones constitucionales realizados durante la administración de Joe Biden, ha reabierto debates sobre la responsabilidad policial y prioridades presupuestarias.
La alcaldesa Kate Gallego afirmó que este giro no detendrá las reformas iniciadas en 2024: “Seguiremos buscando oportunidades para servir mejor a nuestros residentes”.
El anuncio, respaldado por el presidente Donald Trump, fue celebrado por líderes republicanos como el presidente del Senado estatal, Warren Petersen, quien lo calificó como una “reivindicación” frente a lo que llamó un “ataque injusto” contra las fuerzas del orden.
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Por su parte, la Asociación de Aplicación de la Ley de Phoenix (PLEA) tildó la investigación de “fraudulenta” y defendió la autonomía local: “Un grupo de abogados en Washington no puede supervisar a 17,000 agencias policiales”.
Sin embargo, la retirada federal contrasta con las críticas de organizaciones comunitarias.
Poder in Action, colectivo que documenta abusos policiales desde 2021, denunció que el informe de la DOJ, que en 2024 reveló uso excesivo de fuerza y discriminación contra minorías, validaba experiencias históricas de comunidades marginadas. “Intentar borrar esta realidad es propio de regímenes autoritarios”, declaró Ben Laughlin, co-director del grupo.
La paradoja de Phoenix
Pese al cierre de la investigación, Kate Gallego destacó avances como la creación de una Junta de Revisión Civil y actualizaciones en protocolos de uso de fuerza, no obstante, estos esfuerzos chocan con decisiones presupuestarias recientes: mientras el Consejo Municipal aprobó un presupuesto récord de casi 1,200 millones para la policía en 2025, incluyendo 46 millones adicionales para salarios y patrullas, áreas como vivienda y servicios humanos enfrentan recortes.
Activistas señalan una contradicción. “El legado de esta investigación será otro intento fallido de controlar a la policía, con un costo millonario”, advirtió Poder in Action, recordando que la ciudad ha expandido sistemáticamente el financiamiento policial en la última década.
Datos de 2023 revelan que Phoenix destinaba el 52% de su fondo general a la policía, superando inversiones en salud pública o combate a la falta de vivienda .
La disputa refleja tensiones nacionales, pues mientras la administración Trump promueve un enfoque de “mano dura” y reduce supervisiones federales, Phoenix insiste en autorregularse.
La fiscal federal Timothy Courchaine respaldó esta postura: “El DOJ debe enfocarse en el estado de derecho, no en investigaciones politizadas”.
Pero para organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la retirada federal deja un vacío peligroso.
“Ahora es cuando más necesitamos transparencia”, afirmó Jared Keenan, director legal de la ACLU en Arizona, al anunciar una campaña para exigir registros de conducta policial.
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El debate llega en un momento crítico: entre 2011 y 2018, agentes de Phoenix dispararon a 212 personas, la mitad murió, sin que ningún oficial enfrentara cargos. Aunque la ciudad creó una Oficina de Rendición de Cuentas, críticos cuestionan su independencia real.
Pero para Laughlin, la respuesta es clara: “Sin cambios estructurales, la confianza no se reconstruirá”.
El Ayuntamiento, entre elogios a sus reformas y señalamientos de opacidad, define ahora si su modelo de seguridad prioriza uniformes o soluciones comunitarias.
