Pese a haber sido abrumadoramente aprobada por más del 70 por ciento de los votantes de Arizona, la Proposición 211 en contra del dinero oscuro en las campañas electorales, sigue siendo retada en las cortes por grupos republicanos. CORTESIA: Prop 211 / Facebook
Tribunal nuevamente rechaza demanda contra aprobada Proposición 211
Por segunda vez, un juez ha rechazado una demanda que pedía a los tribunales que impidieran al estado hacer cumplir una ley aprobada por los votantes en 2022 para exigir la divulgación de las fuentes del gasto electoral anónimo.
Más del 70% de los arizonenses votaron para aprobar la Proposición 211, la Ley del Derecho de los Votantes a Saber que tiene como objetivo eliminar el gasto electoral de “dinero oscuro” al exigir que los comités políticos que gastan al menos 50,000 dólares en campañas legislativas o estatales revelen las identidades de los contribuyentes individuales que aportan más de 5,000 dólares.
Las personas que donen 2,500 dólares o más a un comité que gaste al menos 25,000 dólares en las elecciones locales también tendrían que revelar sus nombres, direcciones postales y empleadores.
El conservador Arizona Free Enterprise Club y el Center for Arizona Policy han impugnado la ley en los tribunales, alegando que viola sus derechos de libertad de expresión.
Su intento anterior de hacerlo fue desestimado el año pasado, cuando el juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa, Scott McCoy, señaló que el interés público en la transparencia supera el riesgo de pérdida de donaciones.
Tras el despido, los grupos modificaron su denuncia y presentaron una segunda demanda.
Ambas organizaciones son organizaciones sin fines de lucro 501(c)(4) a las que se les permite participar en actividades políticas y recaudar fondos. Estas organizaciones pueden gastar para apoyar u oponerse a candidatos, siempre que hacerlo no sea el propósito principal del grupo.
Si bien durante mucho tiempo se ha requerido que sus gastos sean revelados según las leyes de financiamiento de campañas, no ha existido el requisito de que digan de dónde vino el dinero; este tipo de gasto proveniente de fuentes anónimas se conoce comúnmente como “dinero oscuro”.
“El fallo judicial de hoy es una gran victoria para los votantes de Arizona. Los votantes tienen derecho a saber quién gasta dinero para influir en sus decisiones en las urnas”, dijo Trevor Potter, presidente del Campaign Legal Center, en un comunicado sobre el fallo.
El año pasado, Americans for Prosperity, otro grupo conservador conocido por sus gastos de campaña anónimos, presentó una demanda similar a nivel federal. Ese desafío aún está esperando una decisión final.
Los defensores de la Proposición 211 creen que el caso probablemente llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya ha emitido fallos anteriores contra medidas similares.
“Respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión del juez y planeamos apelar”, dijo el abogado principal del Instituto Goldwater, Scott Freeman, en una declaración
Desde 2010, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el gobierno no puede restringir los gastos independientes de las corporaciones para campañas políticas, el gasto político anónimo se ha disparado.
