La congresista Adelita Grijalva cuestiona el contrato de 63 millones de dólares para expandir el retén de la I-19, por considerar que carece de justificación y afecta a Tubac. CORTESIA: CBP Tucson / Facebook
La congresista Adelita Grijalva cuestionó el contrato de 63 millones de dólares que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) otorgó a la empresa Brasfield & Gorrie para expandir el retén de la I-19 (puesto de control de la Interestatal 19) cerca de Tubac, al señalar que la agencia no ha presentado datos que justifiquen la obra y que el gasto representa un desperdicio de recursos federales.
La congresista demócrata por el Distrito 7 de Arizona advirtió que el proyecto podría dañar el turismo y la economía de las comunidades del sur del estado.
“No hay ninguna evidencia de que realmente vaya a mejorar la seguridad fronteriza. Es solo visual. Es algo bonito”, declaró Grijalva, al criticar que CBP no haya demostrado que la expansión del retén de la I-19, ubicado entre Amado y Tubac, a unos 40 kilómetros al sur de Tucson, responda a un aumento real del tráfico, como argumenta la agencia, o a una necesidad operativa concreta.
Falta de estudios ambientales y transparencia
El contrato, revelado por primera vez por el Nogales International y confirmado por CBP al Arizona Daily Star, fue adjudicado el 28 de septiembre a la empresa con sede en Alabama por 63.4 millones de dólares, e incluye servicios de diseño con una opción para construcción futura.
Sin embargo, la agencia otorgó el contrato sin haber completado las evaluaciones ambientales requeridas ni haber ofrecido al público una oportunidad formal de comentar, de acuerdo con los registros federales y reportes periodísticos.
Rechazo de la comunidad de Tubac
El proyecto contempla convertir la actual estructura temporal de carpa en una instalación permanente de 17 acres al este de la carretera, una expansión que residentes de Tubac, un pueblo histórico de artistas, han rechazado por considerar que devastaría su industria turística, afectaría el medio ambiente y pondría en riesgo la designación internacional de “cielos oscuros” del pueblo, debido a la iluminación que requeriría la nueva infraestructura.
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“La gente está molesta realmente en dos niveles: uno es la total falta de transparencia sobre lo que están haciendo, la prisa, la incapacidad de hablar con alguien o enterarse de algo”, dijo Clem Shute, abogado ambiental retirado y miembro del consejo ciudadano de Santa Cruz Valley.
