Un primer juez ya había ordenado la recontratación de empleados federales, ahora lo refuerza un segundo juez. Foto: Cortesía / Donald J. Trump
En una decisión que podría tener repercusiones profundas en el sector público, el juez federal James Bredar ordenó este jueves la readmisión masiva de trabajadores despedidos de 18 agencias federales, revocando las terminaciones impulsadas por la administración Trump. La sentencia, emitida en la noche, abarca departamentos clave como Agricultura, Comercio, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Trabajo, Estado, Transporte y Tesorería, entre otros.
La orden de Bredar es aún más amplia que una resolución emitida horas antes por el juez William Alsup, de San Francisco, quien había mandado la reincorporación inmediata de empleados en seis departamentos del gabinete, incluyendo incluso al Departamento de Defensa. Sin embargo, el fallo de Bredar excluye al Departamento de Defensa, la Oficina de Personal (OPM) y los Archivos Nacionales, pues los estados no presentaron pruebas suficientes en esos casos. Ambas decisiones se originaron en demandas presentadas por diferentes actores: la orden de Bredar proviene de una acción legal interpuesta por fiscales generales estatales demócratas, mientras que la de Alsup fue impulsada por sindicatos de empleados federales.
Según Bredar, la administración Trump utilizó acusaciones falsas de “problemas de rendimiento” como pretexto para justificar los despidos, eludiendo los procedimientos legales obligatorios que regulan la reducción de la plantilla. “El Ejecutivo ha actuado sin cumplir con los avisos legales requeridos, afectando no solo a los trabajadores, sino también a los estados, que dependen de esta información para gestionar sus recursos”, manifestó el juez, subrayando la gravedad de la irregularidad.
Te puede interesar: Nueva demanda a Trump por los despidos masivos
La decisión de Bredar tiene un plazo de vigencia de 14 días, aunque podría extenderse, mientras que el fallo de Alsup se estableció de manera indefinida. Esta diferencia temporal ha generado preocupación en el sector público, ya que muchos trabajadores despedidos esperan volver a sus puestos de trabajo mientras continúan los litigios contra la política de reducción masiva de personal del gobierno.
La reacción de la administración Trump no se hizo esperar. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a la orden de Bredar, pero previamente la administración calificó de “absurda e inconstitucional” la resolución de Alsup. Por su parte, el Departamento de Justicia (DOJ) se prepara para impugnar ambos fallos en un esfuerzo por limitar la capacidad de los jueces de distrito para emitir órdenes de suspensión a nivel nacional que afecten la política federal.
Esta controversia judicial se enmarca en un contexto en el que la administración Trump ha adoptado medidas radicales en apenas dos meses en el cargo. Además de despedir a miles de empleados federales, el Ejecutivo ha reestructurado decenas de miles de millones de dólares en ayudas internacionales y nacionales, ha recortado derechos de diversas comunidades y ha propuesto cambios drásticos en la ciudadanía por nacimiento. En este clima de cambios acelerados, el DOJ también ha instado a la Corte Suprema a restringir la autoridad de los jueces de distrito para emitir dichas órdenes de suspensión.
¡Únete a nuestro canal de Facebook! Entérate primero que nadie de las noticias
En un intento por frenar la avalancha de litigios, el gobierno ha promovido que los estados, individuos u organizaciones que busquen medidas cautelares contra las políticas federales deban depositar fianzas para compensar al gobierno en caso de que finalmente prevalezca en los tribunales. En la resolución de Bredar se ordenó a 19 estados y al Distrito de Columbia que depositen $100 cada uno como parte de este mecanismo, lo que algunos analistas ven como una estrategia para disuadir nuevos desafíos judiciales.
Con estas medidas, el Ejecutivo intenta consolidar su agenda de reducción del tamaño del gobierno federal, a pesar de la oposición judicial y política. La lucha legal continúa, y el futuro de miles de trabajadores y de la estructura del servicio público en Estados Unidos pende de la balanza, mientras la Corte Suprema podría verse obligada a intervenir en este debate sin precedentes sobre el alcance de las órdenes judiciales a nivel nacional.
