La demanda sostiene que la administración Trump ha despedido a aproximadamente 24,000 empleados en período de prueba de diversas agencias federales sin cumplir con las normativas establecidas para las reducciones de fuerza. CORTESIA: Freepick
Arizona se une a acción legal de 20 estados ante ola de recortes de personal federal
Una coalición de 20 fiscales generales ha presentado una demanda contra la administración Trump, denunciando los despidos masivos de empleados federales en período de prueba. La acción legal, interpuesta en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Maryland, incluye la participación de la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, quien calificó los despidos como “temerarios e ilegales” .
Según Mayes, estos despidos masivos no responden a problemas de desempeño, sino que están motivados por consideraciones políticas e ideológicas.
La demanda sostiene que la administración Trump ha despedido a aproximadamente 24,000 empleados en período de prueba de diversas agencias federales sin cumplir con las normativas establecidas para las reducciones de fuerza (RIF, por sus siglas en inglés).
Las regulaciones dictadas por la Oficina de Gestión de Personal (OPM) requieren que los empleados sean notificados por escrito con al menos 60 días de antelación, se les ofrezca la posibilidad de optar por otras vacantes abiertas en el gobierno y se dé preferencia a los veteranos para conservar sus puestos o ser transferidos.
Sin embargo, la administración no cumplió con ninguno de estos requisitos, lo que ha generado que muchos empleados se hayan quedado sin trabajo de forma abrupta, sin tiempo para buscar alternativas laborales o prepararse para la pérdida de ingresos.
La demanda también señala que, entre los despidos, se estiman aproximadamente 6,000 terminaciones en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), 2,000 en el Departamento de Agricultura, 2,400 en el Departamento de Asuntos de Veteranos y 3,400 en el Servicio Forestal, entre otras agencias.
La falta de notificación adecuada ha obligado a los gobiernos estatales a utilizar recursos adicionales para identificar a los empleados afectados y ofrecerles asistencia a través de programas de colocación laboral, capacitación y administración de beneficios de desempleo.
James Handley, fiscal general adjunto de Maryland, escribió en la demanda que “esta campaña ha infligido daños inmensos a decenas de miles de empleados y sus familias, dejándolos sin empleo y sin la oportunidad de prepararse para la pérdida de ingresos”.
Handley subrayó que la omisión de los procedimientos de notificación no solo perjudica a los trabajadores, sino que también genera un impacto económico negativo en las regiones, ya que los estados dependen de los impuestos sobre la renta y deben administrar un mayor volumen de solicitudes de beneficios de desempleo.
Algunos departamentos federales, como el Departamento del Tesoro, intentaron justificar los despidos argumentando que se basaban en el desempeño laboral de los empleados.
Sin embargo, la demanda revela que en muchos casos los despidos se realizaron a través de cartas tipo y correos electrónicos con errores, sin especificar siquiera el nombre o el cargo del empleado, a pesar de que varias agencias ya habían determinado que los trabajadores despedidos eran aptos y estaban desempeñando bien sus funciones.
