Alondra Ruiz y su esposo Miguel Vázquez pudieron haber aplicado lo que reza el popular refrán “más vale pájaro en mano que cientos volando”, lo más fácil hubiese sido dejar que las cosas “fluyan” sin meterse en líos y firmar el acuerdo “amistoso” que les ofreció la Universidad del Gran Cañón (GCU) de facilitarles apoyos por unos $10,000 al abandonar el predio de casas móviles Periwinkle Mobile Home Park, donde vivieron casi 10 años.
Sin embargo, ellos hicieron algo a lo que pocos se atreven: desafiar a una corporación con dinero, poder e influencia política como es esa institución cristiana privada de educación superior, rechazando ese dinero y acusarla de intentar “comprar su silencio”.
“Quédense con su dinero, pero no van a comprar nuestro silencio ni pisotear nuestro derecho a la libre expresión que nos concede la Primera Enmienda de la Constitución, no nos quedaremos callados”, restregó Ruiz a GCU durante un encuentro con medios varios medios de comunicación, horas antes de cumplirse el plazo que les dieron para irse.
En entrevista por separado con PRENSA ARIZONA, comparó su lucha a la del pequeño David contra del gigante Goliat, aunque a diferencia de la relatada en la Biblia, teóricamente ella y su familia fueron derrotados al menos por el momento, pues perdieron cheque y “traila” y tuvieron que irse a vivir a otra parte.
Los Vázquez-Ruiz son una de la mayoría de 49 familias que vivían en el complejo de casas móviles Periwinkle Mobile Home Park, por la avenida 27 y Colter, al norte de Camelback, pero contra su voluntad tuvieron que irse porque dicha universidad, que compró ese terreno de 4.65 acres en 3.4 millones de dólares en 2016, les exigió desocupar porque construirá viviendas para sus estudiantes.
Luego de firmar el mencionado acuerdo que les prohíbe terminantemente hablar del mismo con terceros, la mayoría tuvieron que dejar sus humildes “trailas” debido a su antigüedad y precarias condiciones que les impidió trasladarlas a otro “parqueadero”; solo Alondra y su esposo se rehusaron.
“Esto es muy duro tanto para nosotros como para las demás familias”, expresó Ruiz entre lágrimas en conferencia de prensa junto a su cónyuge, al comentar que ellos, con su hija y su nieto de 8 años vivían ahí desde hace 10 años, y que muchos de sus vecinos tenían hasta 2 o 3 décadas.
Oferta miserable
Alondra Ruiz también señaló a GCU por su falta de sensibilidad y caridad cristianas, pues no les importaron los traumas y sufrimientos causados a esas familias con el desalojo, particularmente a los niños y personas de la tercera edad.
“Después de un año de lucha para proteger nuestros hogares, la Universidad del Gran Cañón ha desplazado a más de 50 familias, (algunas con miembros) desde recién nacidos hasta ancianos y veteranos (de guerra). No contentos con la angustia mental y el sufrimiento infligido a las familias, ahora GCU ha tratado de presionarme para que firme una cláusula de ‘no menosprecio’, prohibiéndome decir algo malo sobre el que recibimos por parte de ellos y de la incompetencia de la organización sin fines de lucro Trellis, contratada por ellos para desplazarnos”, señaló Ruiz en una declaración escrita.
Aseveró: “Me negaré a firmar la renuncia a mi derecho a la libertad de expresión por unas monedas. Durante todo un año he denunciado el maltrato a los residentes de Periwinkle. GCU y los desarrolladores corporativos intentan lavar su imagen con cláusulas de no divulgación y no menosprecio, esencialmente para ‘perfumar’ sus instituciones podridas”.
Agregó que planea escribir un libro en el que revelará toda la verdad del “año de sufrimiento” causado a esas familias: “No seré silenciada por GCU y no aceptaré su miserable oferta de recibir unos $10,000 de apoyo, pero con la condición de no decir nada a nadie, menos a los medios de comunicación”.
Presión y amenazas de muerte
A través de este medio, Alondra y su esposo Miguel denunciaron presión por parte de GCU y hasta amenazas de muerte de desconocidos en al menos en dos incidentes separados, fueron advertidos que por su bien se fueran y dejaran de causar problemas.
Su vecino de enfrente, Jorge Saldaña, tomó video del encuentro de los esposos Vázquez-Ruiz con los medios sin participar. Abordado por ese medio sobre su caso dijo: “Yo sí acepté la oferta pero no me he ido porque no he encontrado a dónde; perdón, no puedo hablar ni decir más para no violar el contrato”.
El documento de 9 páginas que contiene el convenio “amistoso” de 27 cláusulas entre GCU y los dueños de las trailas desalojadas, con la participación de Trellis, en la número 11 llamada “Confidencialidad”, prohíbe a las partes divulgar información de los detalles del arreglo y hablar mal uno unos de los otros; al contrario, deben decir que todo fue de conformidad y de forma amigable.
Establece: “Las partes acuerdan que los términos y todos los asuntos relacionados con este acuerdo incluida su negociación, serán confidenciales y no se divulgarán excepto por acuerdo de las partes. Si cualquier persona realiza alguna consulta con respecto al arreglo, sólo puede declarar que el asunto se resolvió de manera amistosa”.
Asimismo la clausula titulada “No Menosprecio”, estipula que absolutamente nadie puede comentar nada del acuerdo con GCU y mucho menos hablar mal tampoco de Trellis, ni estos de los ahora ex inquilinos; tampoco escribir memorias o un libro y quien viole esta cláusula sería llevado a Corte.
Pretenden tapar el sol
El activista Salvador Reza, líder de los Comités de Defensa del Barrio, acusó a la GCU de predicar una cosa pero hacen lo contrario: “Dicen ser una corporación no lucrativa pero tienen ganancias millonarias, dicen basarse en principios cristianos pero trataron con crueldad y desprecio a estas pobres familias a las que desalojaron; quieren tapar el sol con un dedo”.
Agregó: “No quieren que nadie sepa lo que realmente sucedió aquí… un desprecio total por nuestra comunidad”.
Reza advirtió que este desalojo, “avalado por la alcaldesa Kate Gallego y varios concejales, sienta un grave precedente contra el destino de las miles de familias que viven en “trailas” alrededor de todo Arizona.
Recordó que por lo pronto hay 2 desalojos más en puerta: Casi 50 familias del parque de casas móviles Weldon Court, cerca de la calle 16 y Osborn Road, para finales de este mes.
Y de otras 50 que habitan en Beacon Palms Mobile Home Park (18 Avenida y Buckeye), complejo de “trailas” que se conoce popularmente como Las Casitas, que serán desalojadas en octubre.
