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Adultos mayores solicitan Pensión de Bienestar en el Consulado de México

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Esta idea, impulsada por la senadora Karina Ruiz, busca aliviar las dificultades económicas que enfrentan muchos migrantes mexicanos, especialmente los de la tercera edad. FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona

En manifestación frente al Consulado General de México en Phoenix, decenas de activistas y representantes del Comité de Defensa de Barrios, encabezados por Salvador Reza, entregaron una carta solicitando la inclusión de los migrantes mexicanos en Estados Unidos dentro del programa de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”. 

La petición fue recibida por el cónsul Jorge Mendoza Yescas, quien recomendó que la misiva se haga llegar a las 53 oficinas consulares de México en el país para amplificar la demanda de los ciudadanos mexicanos en el exterior.

La iniciativa surge en un contexto de creciente tensión por las políticas antimigratorias en Estados Unidos, las cuales han complicado la supervivencia de muchos migrantes, especialmente aquellos de edad avanzada. 

Según la propuesta, el 97% de los adultos mayores mexicanos que residen en Estados Unidos carecen de algún apoyo económico debido a su estatus migratorio irregular, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad extrema. 

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En respuesta, la senadora migrante de Morena, Karina Ruiz, que representa a los mexicanos en el extranjero impulsó la idea de extender el beneficio de la “Pensión para el Bienestar” a los mexicanos que viven fuera del país, comenzando por aquellos en Estados Unidos.

Este plan legislativo propone que los beneficiarios reciban hasta 6,000 pesos bimestrales (aproximadamente 300 dólares), una medida que podría significar un cambio radical en la calidad de vida de miles de migrantes en la tercera edad. 

La iniciativa no solo busca aliviar las dificultades económicas de esta comunidad, sino también fortalecer el vínculo entre México y sus ciudadanos en el extranjero, asegurando que no sean olvidados pese a residir fuera de sus fronteras.

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La propuesta, que ya ha sido respaldada por diversos grupos de activistas y organizaciones comunitarias, requiere una inversión considerable, pues según estimaciones recientes, se necesitarían alrededor de 46,513.9 millones de pesos mexicanos para financiar el programa, garantizando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. 

La magnitud de la inversión refleja el compromiso del gobierno mexicano por extender los beneficios de bienestar a sus ciudadanos migrantes, reconociendo el impacto que tienen las políticas antimigratorias de Estados Unidos sobre la población vulnerable.

El proceso de implementación también implicará una estrecha coordinación entre diversas dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Bienestar. 

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