La retirada de Trump sobre el fondo fue comunicada por funcionarios de la Casa Blanca a los líderes republicanos del Congreso durante la mañana. Foto: @WhiteHouse
El presidente Donald Trump dio marcha atrás este lunes a su plan de crear un Fondo Anti-Instrumentalización (persecución política) de 1,800 millones de dólares, luego de una intensa reacción adversa dentro de su propio partido y de un revés judicial que la semana pasada bloqueó temporalmente cualquier desembolso, según dos fuentes enteradas de la decisión.
La retirada, adelantada por el sitio Axios, fue comunicada por funcionarios de la Casa Blanca a los líderes republicanos del Congreso durante la mañana.
El fondo, anunciado originalmente como parte de un acuerdo para resolver demandas del propio Trump contra el gobierno, estaba diseñado para compensar a personas que alegaran haber sido víctimas de la “instrumentalización” del sistema judicial federal, incluidos potencialmente los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Te puede interesar: Jueza bloquea fondo de Trump para ‘perseguidos políticos’
Legisladores demócratas y algunos republicanos lo calificaron de “fondo discrecional” y habían amenazado con gravar al 100 por ciento cualquier pago.
El Departamento de Justicia, encargado de administrar el programa, indicó el mismo lunes que “acatará el fallo judicial” y detendrá su implementación, luego de que el viernes 29 de mayo la jueza federal Leonie Brinkema emitiera una orden de restricción temporal.
La magistrada, del Distrito Este de Virginia, argumentó que debía evitarse cualquier desembolso irreversible mientras se resuelve una demanda que cuestiona la constitucionalidad del fondo y en un fallo separado, otro juez federal abrió una investigación sobre el acuerdo que dio origen al mecanismo.
La mañana de este lunes, Trump se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para discutir el controvertido fondo en el marco de una conversación más amplia sobre un proyecto de ley de financiamiento para la aplicación de leyes migratorias por unos 70 mil millones de dólares.
Johnson expresó su preocupación por la viabilidad del fondo, dada la precaria situación de la legislación, que debe aprobarse con votos republicanos exclusivamente, según las fuentes.
Los portavoces de la Casa Blanca y de Johnson no respondieron a solicitudes de comentarios.
El malestar republicano había ido en aumento desde que el fiscal general interino, Todd Blanche, no descartó la posibilidad de que los disturbios del Capitolio recibieran pagos.
La semana pasada, senadores republicanos abroncaron a Blanche en una reunión a puerta cerrada, calificando la iniciativa de “estúpida” y políticamente dañina de cara a las elecciones intermedias, según relató el senador Ted Cruz.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, señaló que el fondo tendría que ser restringido para destrabar el proyecto de ley migratoria y añadió que “la mejor manera de manejarlo es que la administración decida cerrarlo ellos mismos”.
La votación del Senado sobre el paquete migratorio había sido abandonada el mes pasado luego de que el Departamento de Justicia anunciara la creación del fondo.
Los demócratas se comprometieron a forzar votaciones sobre enmiendas relacionadas, lo que colocó a los republicanos en una situación políticamente insostenible y a ello se sumaron al menos otras tres demandas que buscaban frenar el fondo ante distintas cortes.
Aunque el comunicado del Departamento de Justicia no aclaró si el fondo podría reactivarse en el futuro, la combinación de la resistencia legislativa, el rechazo de la cúpula republicana y el bloqueo judicial hicieron inviable su puesta en marcha inmediata.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
Organizaciones de derechos civiles y la ex defensora del contribuyente Nina Olson habían advertido sobre las “numerosas interrogantes legales” que rodeaban la iniciativa.
Con esta retirada, la administración Trump deja en suspenso uno de los mecanismos más polémicos de su agenda de represalias, en un año electoral en el que el control del Congreso está en juego y las encuestas muestran un electorado dividido frente a la gestión presidencial de las instituciones de justicia.
