El máximo tribunal rechaza solicitud del presidente Donald Trump para retener pagos de USAID. Foto: Cortesía / Facebook USAID
En un fallo que refuerza los límites del poder ejecutivo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó por 5 votos contra 4, una solicitud de la administración Trump para suspender una orden judicial que obliga al gobierno a pagar $2,000 millones a contratistas y organizaciones de ayuda internacional. Estos fondos, destinados a proyectos respaldados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), estaban congelados desde enero, lo que generó advertencias de un colapso en programas humanitarios globales.
La mayoría del tribunal, compuesta por los tres jueces progresistas y los conservadores John Roberts (presidente) y Amy Coney Barrett, se negó a levantar la orden emitida por el juez federal Amir Ali, quien el 26 de febrero dio al gobierno 36 horas para desbloquear los pagos. Los cuatro magistrados restantes —Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch— disintieron, calificando la medida de Ali como un exceso judicial.
La decisión marca la primera intervención sustantiva del alto tribunal en una política de Trump durante su segundo mandato. “Instamos al juez a considerar la viabilidad de futuros plazos”, señaló la mayoría, reconociendo que el plazo original ya había expuesto.
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El conflicto se remonta al 26 de enero, cuando Trump ordenó una “pausa de 90 días” a los programas de USAID, alegando necesidad de revisar su eficacia. Contratistas y ONGs demandaron, argumentando que el Congreso ya había asignado los fondos y que la congelación ponía en riesgo a millones de beneficiarios, desde proyectos de salud en África hasta ayuda alimentaria en Latinoamérica.
El juez Ali, nominado por el presidente Joe Biden, falló a favor de los demandantes el mes pasado, dictaminando que la medida de Trump violaba leyes federales que protegen los fondos aprobados por el Legislativo. Tras detectar que la administración ignoró sus órdenes iniciales, Ali fijó el ultimátum del 26 de febrero, que la Corte Suprema suspendió temporalmente horas antes de su vencimiento.
En un disenso de 8 páginas, Samuel Alito respaldó los argumentos de la administración: pagar $2,000 millones de forma apresurada impediría recuperar fondos en caso de fraude.
No obstante, grupos de ayuda internacional denunciaron que la revisión de contratos anunciada por Trump era una “cortina de humo” para mantener el congelamiento. Según documentos judiciales, el gobierno canceló el 90% de los proyectos de USAID en los últimos días, desmantelando sistemas de pago y despidiendo empleados clave.
El fallo llega en un contexto tenso: horas antes, Trump interactuó cálidamente con Roberts y otros jueces durante su discurso en el Capitolio. “No lo olvidaré”, dijo el presidente al magistrado, en un momento captado por cámaras.
Más allá del simbolismo, el caso plantea una pregunta constitucional: ¿Puede el presidente detener gastos ya autorizados por el Congreso? “Es una batalla por la separación de poderes”, afirmó Sarah Miller, abogada de una ONG.
La Corte Suprema no resolvió el fondo del conflicto, que seguirá en tribunales inferiores. Este jueves, el juez Ali celebrará una audiencia para evaluar si extiende su orden de desbloquear fondos. Mientras, organizaciones como Save the Children y CARE International advierten que, sin pagos inmediatos, programas vitales cerrarán en semanas.
Para la administración Trump, el revés judicial no detiene su agenda de reformar la ayuda exterior. “Seguiremos asegurando que cada dólar se gaste con integridad”, declaró un portavoz. Pero para miles de contratistas y beneficiarios, la decisión de la Corte Suprema es un respiro temporal en una crisis que aún no termina.
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